Mendoza, de de
Mendoza, de de
Se aprobó tras la sanción del Presupuesto 2026. Cuáles son los principales aspectos de la reforma al Régimen Penal Tributario y cómo fue la votación.
El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que apunta a modificar de manera profunda la relación entre el Estado y los contribuyentes, con cambios clave en el sistema tributario y en el Régimen Penal Tributario.
La norma fue aprobada en la primera sesión con la nueva composición de la Cámara alta, luego de la sanción del Presupuesto 2026, y se transformó en el último proyecto tratado por el Congreso en 2025. También fue el segundo tema aprobado dentro del temario de sesiones extraordinarias.
El corazón de la iniciativa es un cambio de paradigma: pasar de un esquema basado en la sospecha permanente a uno apoyado en la presunción de inocencia del contribuyente. Entre los puntos centrales, la ley establece:
Reforma del Régimen Penal Tributario, con nuevos criterios para definir cuándo una conducta constituye delito.
Prioridad en los casos de "evasión relevante", para concentrar los recursos del Estado en maniobras de mayor gravedad.
Extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación fiscal dentro de los plazos establecidos.
Límites al inicio y continuidad de causas penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda ya estén prescriptas.
Presunción de veracidad de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo inconsistencias relevantes.
Creación de un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario y promover la formalización.
Reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años.
Uno de los cambios más relevantes es la actualización de los umbrales económicos a partir de los cuales una evasión pasa a ser considerada delito penal:
Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones.
Evasión en seguridad social: de $200 mil a $7 millones.
Uso de facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones.
Según el oficialismo, la actualización busca corregir el impacto de la inflación, que había dejado desfasados los montos vigentes y ampliado de manera excesiva el universo de contribuyentes alcanzados por el sistema penal.
La ley también introduce cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias, con el objetivo de incentivar la formalización y el uso de ahorros no declarados. Entre los puntos más destacados:
Tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir al régimen.
No obligación de informar variaciones patrimoniales.
Sin control sobre los consumos personales.
ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento patrimonial no declarado.
De esa base imponible se deducirán los consumos realizados.
Este esquema es el que el Gobierno presenta como una vía para blanquear de hecho los llamados "dólares del colchón", al permitir su utilización sin que ello derive automáticamente en una persecución fiscal o penal.
El proyecto fue aprobado con 43 votos afirmativos, provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que 26 senadores votaron en contra. No hubo abstenciones.
El rechazo se concentró en el interbloque peronista, que cuestionó el alcance de la norma y advirtió sobre posibles beneficios para grandes evasores.
Durante el debate, el oficialismo defendió la ley como una actualización necesaria del sistema tributario, mientras que desde la oposición se la calificó como riesgosa y mal redactada, con cuestionamientos incluso sobre la necesidad de corregirla luego vía reglamentación.
Pese a los planteos y pedidos para devolver el proyecto a comisión, la iniciativa fue aprobada sin modificaciones, quedando ahora en manos del Poder Ejecutivo su reglamentación.
Con la sanción de la Inocencia Fiscal, el Gobierno de Milei suma otra ley clave en materia económica, en línea con su discurso de reducción del peso del Estado, simplificación tributaria y estímulo al uso de capitales no declarados.
