En la previa de una nueva jornada de conflicto sindical, el Gobierno de Javier Milei lanzó una advertencia directa a los trabajadores estatales. El Ejecutivo nacional confirmó que se descontará el día de sueldo a todos los empleados de la administración pública nacional que decidan sumarse al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida busca desactivar el impacto de la huelga general que rechaza el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

Estrategia oficial frente a la paralización de actividades

Desde la Casa Rosada fueron tajantes respecto a la postura del presidente: "Día que no se trabaja, día que no se paga". Esta decisión se alinea con el protocolo de orden público y la política de austeridad que la gestión actual ha aplicado en manifestaciones anteriores. Con esta presión económica, el Gobierno intenta asegurar el funcionamiento de las oficinas públicas nacionales mientras el Congreso se convierte en el epicentro del debate político.

El paro de 24 horas está programado para coincidir con el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados, previsto inicialmente para este jueves 19 de febrero. A diferencia de las protestas previas, la cúpula de la CGT optó en esta oportunidad por no realizar una movilización masiva hacia el Congreso. En su lugar, la central obrera apuesta por una paralización total de actividades que se sienta con fuerza en los centros urbanos y en la administración pública.

La tensión entre el sindicalismo y el oficialismo escaló en las últimas horas debido a los puntos más sensibles del proyecto de ley. Mientras los gremios denuncian un retroceso en los derechos laborales, el Gobierno nacional acelera los plazos legislativos para obtener la media sanción. En este contexto, la advertencia sobre los salarios funciona como una herramienta de disuasión para evitar que el acatamiento sea total dentro del sector estatal.

Fuentes oficiales confirmaron que ya se impartieron instrucciones a las distintas áreas de Recursos Humanos para realizar el control de asistencia durante el jueves. Los registros de presentismo serán cruzados con las planillas de liquidación de haberes, tal como ocurrió en las huelgas generales de los meses anteriores. Para el Ejecutivo, no hay margen para financiar jornadas de protesta con fondos públicos.

Se espera que en las próximas horas se defina el alcance del paro en otros sectores clave, como el transporte y la educación, lo cual terminará de configurar el escenario de parálisis para el 19 de febrero. En Mendoza, el impacto en las delegaciones nacionales de organismos como ANSES o PAMI dependerá del nivel de adhesión de los delegados locales tras el aviso recibido desde Buenos Aires.