El cambio de estudio jurídico y de la estrategia fue clave para el fallo a favor de Argentina, pero deja un lado negativo para el país: su prontuario
Existe una anécdota sobre JP Morgan, el banquero que creó el banco de inversión que lleva su nombre. Un día una persona fue a verlo con el fin de que le prestara dinero para su negocio, que estaba con algunos problemas financieros. JP Morgan le dijo que lo acompañara a caminar, estuvieron unos 30' caminando juntos. Cuando regresaron, el hombre le preguntó a JP Morgan si finalmente le iba a prestar el dinero. La respuesta fue la siguiente: "No se preocupe, todo el mundo lo vio caminando conmigo". Desde que Argentina comenzó a "caminar" por el mundo con otra "gente", sumado al cambio de visión económica, algo clave para que "caminen con el país", la situación ha tenido un giro de 180 grados. La economía comenzó a crecer, llegan inversiones, y la idea de una Argentina diferente está lentamente calando en el mundo. Pero el problema es que 100 años de prontuario no se pueden eliminar en tan poco tiempo. De ahí que el fallo YPF tenga aristas positivas, pero también negativas para el país.
Lo positivo
El juicio por la estatización/expropiación de YPF significaban para el país, pagar U$S16.000 millones más intereses, lo que hacía subir la cifra a alrededor de unos U$S19.500 millones. A esto hay que agregar, las costas si el juicio se perdía, más los honorarios que lleva gastados el país en estudios jurídicos desde hace 10 años. La cifra redondeaba aproximadamente unos U$S25.000 millones.
Si a esto le sumamos la pérdida de valor que había tenido la acción de YPF en Wall Street, producto de la expropiación (violación de derechos de propiedad), la pérdida era mucho mayor aún. Unos meses antes que asumiera el nuevo gobierno del presidente de Milei, la acción de YPF tenía un valor de U$S15 (llegó a tocar los U$S11 en algún momento). En la actualidad, tiene un valor de U$S45, esto significa que la llegada del nuevo gobierno y la nueva idea económica imperante, significó una revalorización de unos U$S11.900 millones.
Y un dato más, antes de la estatización/expropiación (repito violando derechos de propiedad), la acción tenía un valor muy similar al actual y al conocerse la aprobación del Congreso de dicha expropiación, cayó a U$S11, es decir, el mismo valor de revalorización actual, fue el valor que perdió la compañía por responsabilidad de Kicillof y CFK más todo su gobierno y legisladores de aquella época (varios aún están en el Congreso). Esto significa que la pérdida total era de U$S36.900 millones.
El fallo le ha ahorrado al país, la friolera de U$S19.500 millones. Pero además, se ha capitalizado, porque tanto la Nación como las Provincias, dueños ambos del 49% de las acciones, que sumado a la parte de los empleados llegan al 51%, han sumado un valor de U$S6.000 millones desde diciembre del 2023 a la fecha. Privatizar hoy YPF le significa esa cifra extra, tanto a la Nación como a las Provincias (un buen uso financiero sería utilizar las acciones como garantía para obtener financiamiento, siempre y cuando sea para bajar gasto público y presión tributaria, y no para gasto público disfrazado de obra pública y rotondas).
Lo positivo es tremendo, pero se circunscribe a un efecto positivo que en economía y finanzas (de las buenas, las de la escuela austríaca) denominamos "efecto stock". Esto es, el potencial stock del perjuicio, ha disminuido de una forma muy grande. El país no deberá pagar (estuvimos a minutos de perder el juicio) esos U$S19.500 millones, gracias al cambio de estudio jurídico (asesoran a Trump desde antes de ser presidente) lo que generó un cambio de estrategia jurídica: mostrar al tribunal de apelaciones, que no se puede mezclar una decisión estatal como si fuera una decisión privada de negocios. En síntesis sería así: fue una expropiación no una IPA (Oferta Pública Abierta, lo cual, de haberse hecho, nos hubiera evitado el juicio, aún violando derechos de propiedad en una menor medida).
Lo negativo
El "efecto stock positivo", queda a un lado cuando se considera el "efecto flujo negativo" que el fallo genera. Argentina tiene prontuario en el mundo producto de este tipo de cosas, además de destruir la economía de uno de los países más ricos del planeta, hacia principios del siglo XX.
El fallo, en el final señala lo siguiente: "A pesar de la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversionistas extranjeros" y otro párrafo dice: " ... lo cual, no colabora para que inversores vuelquen inversiones en el país". Esto es leído por inversores de todo el mundo, porque la Cámara de Apelaciones dice que, si bien no se puede mezclar lo público con lo privado, aunque Argentina haya violado derechos de propiedad, esto no puede generar que un país debe pagar de manera privada un daño realizado desde el ámbito público (ley del Congreso). Pero deja claro que esto genera o puede generar rechazo a inversores a venir al país. Lo que le cuesta al gobierno lograr, no que le crean a Milei, sino a Argentina, es tremendo.
El propio presidente actual de YPF ha señalado en varias oportunidades, lo fácil que le resulta "vender YPF" en el mundo pero gracias a Milei, no a Argentina. El punto es que para que lleguen inversiones duraderas se necesita que la confianza se traslade de Milei hacia la Argentina como país.
Argentina necesita como el agua la llegada de inversiones, tanto sea de extranjeros como de propios (los que generan valor, no los que piden privilegios, devaluaciones, políticas sectoriales, etc.), y el comportamiento que ha tenido no permite generar confianza como país que cuida el derecho de propiedad. El fallo es claro en esto también. Argentina se la ha pasado violando derechos de propiedad tanto a extranjeros como a propios. Esto último también genera que mucha gente local no quiera volcar sus dólares del colchón, traer dinero que tiene fuera del país para invertir y/o gastar aquí.
Recibo infinidad de consultas para la realización de inversiones, tanto de inversores de fuera del país (muchas), como de adentro. Y en todos los casos el factor común es el mismo: qué pasará con Argentina luego de Milei. Miremos un dato. El gobierno colocó hace unas semanas un bono de deuda en dólares en el mercado con vencimiento en octubre del 2027, es decir, un mes antes que finalice el mandato del actual gobierno. El rendimiento fue del 5,4%. Esta semana colocó un nuevo bono, pero con vencimiento en el 2028, vale decir, ya fuera del mandato actual y el rendimiento ha sido del 8,5%, 3 puntos más. Esto muestra a las claras que existe un gran riesgo en los inversores para luego del actual mandato. El prontuario argentino hace mella en las colocaciones con vencimiento posterior.
A manera de colofón
Ningún país puede crecer de manera sostenida si depende de una persona, es clave que Argentina comience a generar confianza como un país que cuida los derechos, sobre todo la libertad y el de propiedad. Necesita revertir 100 años de violaciones permanentes que han generado pérdidas de valor incalculables (todo lo que no se hizo producto del prontuario), las cuales son mayores a lo que debe pagar por deudas mal tomadas, expropiaciones (como el caso de YPF), contratos no respetados (hay varios juicios en el CIADI que suman unos U$S20.000 millones), etc.
Quizás sea oportuno que alguna vez, funcionarios, legisladores, presidentes, ministros, políticos en general, que participen en la toma de decisiones que perjudiquen a los ciudadanos con pérdidas, juicios, etc., deban responder con su patrimonio. Este cambio de incentivos, evitará que la ideología se apodere del poder, y prime la profesionalidad y el sentido común.