El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras el anuncio de un plan de reestructuración que prevé el despido de al menos 700 trabajadores. La medida surge de un pedido directo del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, hacia la cúpula del organismo técnico. La noticia generó un sismo interno, ya que el número de bajas podría duplicarse según las exigencias de la administración nacional, poniendo en riesgo la operatividad de delegaciones en todo el país, incluida Mendoza.

Tensión oficial y advertencias sobre la calidad de los productos

Frente a este escenario, el presidente del INTI, Miguel Romero, marcó una fuerte distancia con las directivas enviadas desde la Casa Rosada. El funcionario aseguró que el acuerdo original consistía en reducir ciertos servicios, pero no en avanzar con desvinculaciones masivas. Romero fue tajante al declarar que ni él ni su equipo técnico firmarán los despidos, dejando entrever una posible renuncia masiva de las autoridades si el plan de ajuste continúa de forma unilateral. Esta postura profundiza la incertidumbre sobre quién ejecutará finalmente la drástica reducción de personal.

Por su parte, los gremios que representan a los trabajadores convocaron a una jornada de protesta para este martes a las 10, con una conferencia de prensa en las puertas del instituto. Los delegados denuncian que este recorte no es solo un ajuste fiscal, sino un paso hacia el desmantelamiento de las funciones del Estado. Advierten que, de concretarse la salida de los profesionales, el organismo perderá su capacidad de ser el garante imparcial de la calidad de los productos que consumen los argentinos, dejando esa tarea en manos de entidades privadas.

El impacto de la desregulación propuesta por Sturzenegger preocupa especialmente a las pymes, que dependen del respaldo técnico del INTI para certificar procesos y productos. Daniel Luna, referente de ATE, explicó que las empresas están obligadas por ley a certificar sus estándares para comercializar, y que vaciar el instituto obligará al sector productivo a pagar aranceles en laboratorios privados, encareciendo los costos. Para los representantes de los trabajadores, la maniobra busca transferir una función pública estratégica a un mercado desregulado y sin supervisión estatal.

En las próximas horas se espera una respuesta oficial del Gobierno nacional ante la negativa de Romero de avanzar con las cesantías. Mientras tanto, el clima en las diversas sedes del INTI es de alerta máxima y asamblea permanente. La resolución de este conflicto será clave para determinar el futuro de la política tecnológica y de control industrial en Argentina, en un contexto donde el Ejecutivo busca acelerar la reducción de la planta estatal bajo la premisa de la eficiencia administrativa y el déficit cero.