Mendoza, de de
Mendoza, de de
El organismo gubernamental actualizó el sistema de pensiones por discapacidad y sostiene criterios médicos y sociales más exigentes para acceder.
En Argentina, este beneficio depende de la ANSES y forma parte de las Pensiones No Contributivas. En los últimos meses, el sistema fue reordenado bajo la sigla PNC-PS, una actualización que busca unificar criterios, agilizar trámites y regularizar expedientes previos.
Cuando una enfermedad reduce o impide trabajar, el problema no se limita a la salud: también afecta de lleno los ingresos. En ese contexto, las pensiones por discapacidad se vuelven clave para cubrir gastos básicos y sostener la economía diaria.
El propósito es garantizar un ingreso mensual a quienes no pueden acceder al mercado laboral por razones de salud y, al mismo tiempo, no cuentan con otros recursos económicos para subsistir.
El primer paso sigue siendo la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), donde se debe acreditar una incapacidad laboral del 76% o más. Este documento es indispensable y debe detallar el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y las limitaciones que genera.
Pero el punto de inflexión aparece después. A partir de ese momento, interviene la ANDIS, que analiza en profundidad cómo impacta esa condición en la vida diaria del solicitante. Se evalúa su grado de autonomía, su capacidad para desenvolverse en actividades básicas, su nivel de integración social y el contexto en el que vive.
En resumen, el sistema ya no se limita a observar una historia clínica, sino que intenta determinar si esa persona realmente no puede insertarse en el mercado laboral.
Uno de los cambios más determinantes está en el análisis de los ingresos. La pensión por discapacidad está dirigida exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que los controles sobre este punto se volvieron mucho más estrictos.
Para acceder al beneficio, es necesario no tener ningún tipo de ingreso formal. Esto incluye no cobrar jubilaciones ni pensiones, no estar registrado como trabajador y tampoco figurar como monotributista o autónomo.
Este requisito se transformó en uno de los principales motivos de rechazo.
Por eso, desde organismos oficiales insisten en que antes de iniciar la solicitud, es clave revisar la situación laboral y previsional para evitar demoras o negativas.
El proceso para solicitar la pensión por discapacidad puede comenzar de forma digital o presencial.
A través de la plataforma Mi ANSES, los solicitantes pueden cargar sus datos personales e iniciar el expediente.
La documentación básica incluye el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial. Este último documento es el eje del proceso y debe estar correctamente confeccionado para evitar observaciones.
Una vez presentada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Durante este período, los organismos intervinientes analizan toda la información aportada y pueden requerir documentación adicional.
Si el expediente cumple con todos los requisitos, la pensión es aprobada y el beneficiario comienza a cobrar según el calendario vigente. En cambio, si se detectan inconsistencias o faltantes, el trámite puede quedar en revisión o ser directamente rechazado.
