El proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei propone un giro radical en la forma en que los argentinos eligen a sus representantes. El paquete normativo busca reducir la intermediación estatal y endurecer las condiciones de competencia para las fuerzas políticas. El cambio más significativo es la eliminación de las PASO, trasladando a cada partido la responsabilidad de definir sus candidaturas bajo sus propias normas internas. De esta manera, el Estado dejará de organizar y financiar las elecciones primarias, obligando a las estructuras partidarias a ordenar su propia oferta electoral.

Boleta Única de Papel y el avance de la Ficha Limpia

Otro de los pilares de la propuesta es el reemplazo del actual sistema de sufragio por la Boleta Única de Papel. El nuevo diseño concentrará todas las categorías en un solo documento, permitiendo al elector marcar cada cargo de forma individual o elegir la lista completa en un casillero único. En sintonía con este ordenamiento, se incorpora el criterio de Ficha Limpia, que impide presentarse a elecciones o ejercer cargos públicos a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, creando un registro público para su control.

La reforma también apunta a reducir la fragmentación del sistema político mediante requisitos más estrictos para los partidos. Para obtener la personería nacional, se exigirá presencia en al menos 10 distritos y un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón distrital. Además, las agrupaciones deberán alcanzar un piso del 3% de los votos en elecciones consecutivas para evitar la caducidad. Este endurecimiento busca que solo las fuerzas con representatividad real y sostenida logren competir en los comicios nacionales.

En cuanto al financiamiento, el proyecto establece un esquema mixto donde el 80% de los fondos públicos se distribuirá según los resultados electorales previos. En el ámbito privado, se fijan límites más precisos a los aportes individuales para evitar la concentración de recursos en manos de pocos financistas. Respecto al calendario, las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá estrictamente la inauguración de obras públicas o el lanzamiento de programas masivos durante los 25 días previos a la votación para evitar ventajas desde la gestión.

Con estas modificaciones, el oficialismo busca transparentar los procesos y optimizar los costos de la política. La implementación de la Boleta Única de Papel no solo simplifica la logística el día del comicio, sino que termina con las históricas prácticas de robo de boletas. El debate ahora se traslada al Congreso, donde las distintas fuerzas políticas deberán analizar el impacto de estas reglas de juego que pretenden transformar la dinámica democrática de cara a las próximas contiendas electorales.