Mendoza, de de
Mendoza, de de
Tras el pésimo dato de inflación de marzo, el Presidente echó mano del manual de intervención del Estado para que el impacto de las subas de tarifas se diluya.
Tras hilvanar 10 meses consecutivos de inflación en alza, el gobierno que venía a liquidarla echó este lunes mano del viejo manual de intervención en el mercado, que tanto denostó en el pasado, para intentar morigerar el impacto de las subas de las tarifas de los servicios públicos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Así quedó plasmado en la Resolución 14/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí, el gobierno de Javier Milei modificó el mecanismo de actualización de tarifas del agua potable y cloacas que presta AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera el gobierno libertario impuso un techo del 3% para las subas mensuales de las tarifas de este servicio básico para el próximo cuatrimestre y redujo este tope desde el 4% que estuvo vigente entre enero y abril.
Según consignó el Gobierno, la medida apunta a sostener el equilibrio económico de la concesión, sin transferencias del Tesoro en medio del proceso privatizador que lanzaron Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión se da luego de que AySA advirtiera sobre un atraso tarifario acumulado, que -según la empresa estatal- implicó postergar inversiones y recurrir a financiamiento. En ese contexto, la compañía estimó una pérdida de ingresos superior a 95 mil millones de pesos.
Frente a ese escenario, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso además mayores controles sobre la situación económica de la concesionaria. La resolución obliga a la empresa a presentar informes económico-financieros del primer y segundo trimestre de 2026, con el fin de evaluar la evolución del esquema.
El organismo señaló además que será necesario "realizar un estudio que exponga los objetivos alcanzados y aquellos que se propone alcanzar" en el proceso de convergencia tarifaria.
La normativa ratifica la continuidad de la Tarifa Social, destinada a amortiguar el impacto de los aumentos en los usuarios más vulnerables.
Resolución 14/2026:
