Mendoza, de de
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Unión por la Patria, diputados radicales críticos y bloques provinciales intentarán abrir comisiones para impulsar pedidos de interpelación y debatir iniciativas sociales. La Libertad Avanza reunió apoyos del PRO y aliados para tratar la ley Hojarasca, cambios en el régimen de subsidios al gas y acuerdos internacionales.
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Tras el fracaso de la oposición de la semana pasada, cuando no logró reunir el quorum para sesionar y forzar la interpelación de Manuel Adorni, este miércoles volverá a la carga junto a Unión por la Patria (UxP) y buscará abrir las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para discutir los pedidos de interpelación y otros proyectos impulsados por el kirchnerismo.
Sin embargo, La Libertad Avanza se anticipó con una jugada propia: convocó a una sesión para las 10 con el objetivo de tratar los proyectos de ley Hojarasca y de Zonas Frías. El oficialismo ya tendría garantizado el quorum con el respaldo de aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales.
El socialista Esteban Paulón, junto al jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, el radical crítico Pablo Juliano y otros diputados, pidió una sesión especial para las 11. El objetivo es avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. También buscan debatir iniciativas vinculadas con temas sociales, como regímenes de licencias parentales, la situación del PAMI y la creación del plan Remediar.
Los proyectos presentados en Diputados apuntan a la situación judicial y patrimonial de Adorni. Entre otros puntos, solicitan informes verbales del jefe de Gabinete "sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos", además de pedidos de información vinculados a su patrimonio declarado y la posibilidad de avanzar con una moción de censura por supuestas irregularidades.
El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diseñaron la estrategia libertaria con una contraofensiva parlamentaria: convocaron a una sesión el mismo miércoles, pero una hora antes.
La convocatoria incluye temas impulsados por la Casa Rosada, como el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta -conocido como ley Hojarasca- enviado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; las modificaciones a la Ley de Zonas Frías, sancionada en 2021 a propuesta de Máximo Kirchner; y tratados internacionales dictaminados por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la libertaria Juliana Santillán.
La semana pasada, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría del proyecto con la presencia de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La iniciativa modifica el esquema de subsidios al gas que amplió beneficios a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Según el Gobierno, esa ampliación "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema" al incorporar zonas "sin condiciones climáticas equivalentes", lo que derivó en un fuerte aumento de beneficiarios y del costo fiscal.
El dictamen mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. Pero en las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Desde Unión por la Patria, la diputada Jimena López cuestionó la propuesta oficialista y aseguró que "reduce el alcance de los beneficios para millones de usuarios mientras mantienen e incluso profundizan los recargos. El manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía".
López también criticó al Gobierno por "haber aumentado en cinco oportunidades durante 2025 el recargo para financiar este fondo, elevándolo hasta su máximo legal y arrogándose en abril la facultad de incrementarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso".
Por su parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez sostuvo que, de aprobarse el proyecto oficial, "670 mil usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas". Además, afirmó que "el efecto derrame que -según los cálculos del Gobierno- producirían las inversiones en gas y su eventual incorporación a las tarifas de los sectores más humildes es poco creíble de parte de un Gobierno que no tiene sensibilidad social".
Gutiérrez agregó que "Córdoba no mantiene deudas en esta materia. Con la gestión de Juan Schiaretti, se construyó 3.200 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de mil millones de dólares, adelantándose a los futuros desarrollos gasíferos. Resulta ofensivo que representantes del oficialismo digan que este subsidio 'les llega a usuarios de piletas climatizadas', cuando claramente la normativa dice lo contrario".
El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, también rechazó los cambios y explicó que "en las viviendas ubicadas en zonas 'no frías' de la Argentina se consumen, en promedio, 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, el 33% se destina a calefacción".
"En cambio, en una vivienda ubicada en 'zona fría' se consumen, en promedio, 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94% más que en zonas 'no frías'. Pero, además, casi la mitad de ese gas que se consume en una vivienda de zona fría, más precisamente el 48%, se usa para calefacción del hogar", señaló.
Y concluyó: "Queda bien claro, entonces, que los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas".
Otro de los capítulos del proyecto apunta a regularizar obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La iniciativa instruye a la Subsecretaría de Energía Eléctrica y a CAMMESA a aplicar créditos para cancelar deudas de distribuidoras eléctricas que adhieran a acuerdos de regularización y renuncien a reclamos judiciales o administrativos contra el Estado.
En ese marco, Edenor y Edesur reclaman ingresos no percibidos por unos US$3200 millones -US$2000 millones en el caso de Edenor y US$1100 millones en Edesur-, mientras ambas empresas mantienen deudas con CAMMESA por alrededor de US$1100 millones.
La iniciativa también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para fuentes renovables prevista en la ley de promoción de energías limpias. El beneficio alcanza a proyectos de energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa y gases de vertedero, entre otras tecnologías.
