El histórico conflicto judicial entre los titulares de planes de ahorro para vehículos cero kilómetro y las principales automotrices del país llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Los abogados patrocinantes de los damnificados presentaron un Recurso Extraordinario ante el Máximo Tribunal, en lo que representa una apelación clave para revertir el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones que había favorecido a las empresas. Este paso legal busca restablecer el paraguas protector que resguarda a unas 30 mil familias mendocinas afectadas por las subas.

Desfasaje con la inflación y deudas millonarias en juego

El argumento central del recurso radica en el desproporcionado incremento de las cuotas en comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el abogado especialista en consumo, Emiliano Bustos Sarmiento, entre 2018 y 2024 las cuotas de modelos populares como el Fiat Cronos, el Toyota Etios o el Volkswagen Polo registraron subas de entre el 4200 y el 6000 por ciento, mientras que la inflación real acumulada en ese mismo período fue del 2900 por ciento. Los letrados denuncian una supuesta maniobra de las fábricas para inflar los precios sugeridos y obtener ganancias ilegítimas.

A raíz del fallo de la Cámara que validó la metodología de las automotrices, las empresas comenzaron a reclamar a los ahorristas ajustes retroactivos millonarios que van desde los 6 millones hasta los 30 millones de pesos, una cifra que en muchos casos equivale al valor de mercado de un auto nuevo. Ante este panorama, los apoderados legales están aconsejando a los titulares no acatar el plazo de pago impuesto por las marcas para el próximo 15 de junio, al menos hasta que la Suprema Corte defina si suspende los efectos de la última sentencia.

El origen de la disputa se remonta a la aplicación de la cláusula de valor móvil. El amparo inicial, dictado en su momento por la jueza Fabiana Martinelli, había anulado dicha cláusula para atar los aumentos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y luego al IPC, detectando además un 14 por ciento de sobreprecio no justificado por las compañías. El nuevo recurso ante la Corte mendocina solicita que se determine si esta modalidad de contratación esconde una práctica abusiva que contradice las normas de defensa del consumidor.

Finalmente, la resolución del Máximo Tribunal definirá un doble planteo crucial: si existió abuso en los valores y quién le debe a quién. Los defensores de los ahorristas sostienen que, si se aplica la reliquidación por los pagos en exceso realizados desde 2018, los usuarios pasarían a ser acreedores de las empresas. De esta manera, las familias mantienen la expectativa de que la Justicia obligue a las automotrices a devolverles el dinero cobrado de más, cerrando un litigio que mantiene en vilo a miles de hogares en la provincia.