Mendoza, de de

Argentina Política

Clases públicas y batalla legal: la comunidad universitaria desafía el equilibrio fiscal del Gobierno

Docentes, estudiantes y legisladores nacionales concentran frente a Tribunales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento, mientras el conflicto por el presupuesto educativo se traslada a la Corte Suprema.

Martes, 26 de Mayo de 2026

La comunidad universitaria nacional traslada su reclamo al corazón del Poder Judicial mediante el dictado de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La jornada de protesta, convocada entre las 11 y las 17 bajo la consigna "señores jueces, que Milei cumpla la Ley", busca visibilizar el fuerte impacto del ajuste presupuestario sobre los salarios, el sistema de becas y las tareas de investigación. 

La manifestación cuenta con el respaldo activo de docentes, agrupaciones estudiantiles y diputados nacionales del Partido Justicialista, quienes exigen la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795).

El veto por decreto y la definición en la Corte Suprema

La gestión del presidente Javier Milei ratificó su postura de no aplicar la normativa aprobada por el Congreso, argumentando que la ley carece de una fuente específica de financiamiento y pone en riesgo el equilibrio fiscal del Estado. Para neutralizar los efectos de la ley, sancionada tras cuatro votaciones parlamentarias entre 2024 y 2025, el Poder Ejecutivo suspendió la norma por decreto y apeló sistemáticamente los fallos judiciales adversos presentados por los gremios de la educación superior.

Ante esta parálisis institucional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó el conflicto a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal del país ya se encuentra en condiciones técnicas de emitir un dictamen definitivo que destrabe la validez de la ley. Los referentes sindicales de FEDUBA advirtieron que la persistencia del ahogo financiero compromete el funcionamiento básico de las universidades públicas para el segundo semestre, por lo que reclamaron una resolución judicial urgente y favorable a la educación pública.