La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al poder político bonaerense sumó una resolución judicial clave. El juez federal Luis Armella ordenó la prohibición de salir del país para el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, su exesposa, la conductora Jésica Cirio, y la modelo Sofía Clérici. La medida busca garantizar que los principales imputados permanezcan a derecho y asegurar su comparecencia en el expediente.

Restricción de movimientos y aviso al tribunal

Con este fallo, el magistrado optó por una medida de sujeción intermedia y no aceptó el pedido de detención inmediata que había formulado formalmente el fiscal de la causa, Sergio Mola. Sin embargo, además del cierre de fronteras ya notificado a la Dirección Nacional de Migraciones, el juez dispuso que los involucrados tengan estrictamente prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin una autorización judicial previa.

Asimismo, la resolución establece que los investigados deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento interno que implique permanecer fuera de sus hogares por un lapso mayor a las 24 horas. La restricción de movimientos no solo afecta a los tres principales apuntados, sino que se extendió a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a sus allegados directos Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

Nuevos videos comprometedores e inspección ocular

El expediente, que arrastra tres años de tramitación, cobró un nuevo y definitivo impulso procesal tras la reciente difusión pública de videos comprometedores donde se exhibían millonarios fajos de dólares en efectivo. Ante estas pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Mola había fundamentado su pedido de arresto bajo la presunción de que el exjefe de Gabinete bonaerense cuenta con los recursos logísticos necesarios para ocultar elementos probatorios fundamentales para el avance de la pesquisa.

En paralelo al blindaje de las fronteras, las autoridades judiciales avanzan con nuevas medidas de prueba destinadas a comprobar el origen de los fondos. Entre las disposiciones más recientes, el Ministerio Público solicitó formalmente la realización de una inspección ocular detallada en la vivienda donde se habrían filmado los polémicos videos, buscando recolectar elementos que permitan trazar la ruta del dinero y definir la situación procesal de todo el entorno familiar.