La situación judicial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo crítico este viernes tras el pedido de detención e indagatoria para su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y para el tesorero de la entidad, el santiagueño Pablo Toviggino. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, impulsó esta medida en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que se inició en diciembre pasado. Esta nueva imputación complica el frente legal de los dirigentes, quienes ya venían siendo observados en otros expedientes penales abiertos en distintas jurisdicciones del país.

Sociedades en el exterior y una red de testaferros bajo la lupa

La investigación apunta a una estructura que involucra a más de 24 personas del entorno cercano de Tapia y Toviggino. Entre los sospechosos figuran los dueños de una fastuosa propiedad en Buenos Aires, identificados como Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, una mujer jubilada. Según la tesis del fiscal, se habrían utilizado maniobras en la administración de fondos de la AFA mediante transferencias hacia empresas vinculadas directamente a la mano derecha del presidente, lo que configuraría un manejo irregular de los activos de la institución rectora del fútbol nacional.

Un punto clave del expediente es la participación de la empresa TourProdEnter, contratada por la AFA para recaudar dinero en el extranjero. La justicia sospecha que esta firma habría desviado divisas a sociedades constituidas en Estados Unidos que carecen de empleados y no registran actividad comercial alguna. Estas "empresas fantasma" serían el destino final de fondos que debían ingresar a las arcas de la asociación, reforzando la hipótesis de lavado de activos y administración fraudulenta que sostiene el Ministerio Público Fiscal en el norte del país.

Este pedido de detención se suma a otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Actualmente, la Cámara Federal de Casación debe resolver si ese proceso paralelo debe continuar en dicha jurisdicción o si debe pasar a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El avance de la justicia santiagueña genera una fuerte presión sobre la estabilidad institucional de la AFA, justo en un momento donde la dirigencia se encuentra bajo el escrutinio público por diversas polémicas en la gestión del fútbol argentino.

Hasta el momento, ni Tapia ni los representantes legales de la entidad han emitido un comunicado oficial respecto a esta nueva orden de captura e imputación. Mientras tanto, el fiscal Simón continúa recolectando pruebas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades de lujo y el funcionamiento de las redes financieras en el exterior. La causa promete ramificaciones que podrían alcanzar a otros miembros de la comisión directiva y proveedores habituales de la casa madre del fútbol, marcando un precedente inédito en la historia judicial de la organización.