El Gobierno de Paraguay asumirá por ocho meses el control de las empresas vinculadas a Ueno Bank para evitar su cierre y proteger los puestos de trabajo, tras la disolución de la entidad financiera. 

El presidente Pedro Alliana confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso para designar administradores temporales y ordenar las cuentas de las compañías afectadas.

Alcance de la intervención estatal y resguardo laboral

A través de un mensaje oficial, el mandatario enfatizó que su prioridad es que las firmas sigan operando y la gente no pierda su empleo. Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, aclaró que el Estado no se hará cargo de las deudas de estas sociedades, sino que apartará a los actuales directivos para garantizar la continuidad operativa.

La normativa establecerá fuertes restricciones para evitar transferencias de bienes, distribución de dividendos o movimientos de fondos fuera de la actividad habitual. Asimismo, se aplicarán criterios específicos de vinculación y control para preservar los activos y asegurar el pago de salarios durante el proceso de resolución.