Miles de ciudadanos peruanos salieron este miércoles a protestar en las calles de todo el país para pedir la destitución de la presidenta Dina Boluarte, como así también de los legisladores, a pocos meses de las manifestaciones que dejaron 67 muertos y casi dos mil heridos.

Para contener la movilización principal, que se dio en Lima, la policía desplegó a miles de efectivos en la capital peruana, aunque las protestas abarcaron también a los principales centros urbanos del país andino.

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Fue la "Tercera toma de Lima", tal como la llamaron los propios manifestantes, luego de las otras dos grandes concenctraciones, que se dieron en los primeros meses del año.

La situación más tensa se vivió en la plaza mayor de la región Huancavelica, en los Andes, donde la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a unos 3.000 manifestantes, luego de que prendieran fuego la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior. En tanto, varios puntos estaban bloqueados en las carreteras de Cusco, Arequipa y Loreto.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, había a dicho a principios de esta semana semana que si las manifestaciones eran violentas iba a responsabilizar a los líderes de las protestas, refrendando las declaraciones de Boluarte en ese sentido.

Para algunos integrantes del gobierno las protestas son financiadas por la minería informal, el narcotráfico y el contrabando, aunque por el momento esa teoría no pudo confirmarse.

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Boluarte asumió su cargo a principios de diciembre de 2022, luego de que el presidente Pedro Castillo fuera destituído tras un intento fallido de disolver el Congreso. El mandatario fue detenido, acusado de rebelión y corrupción, y todavía sigue encarcelado, mientras que Boluarte, quien era su vice, quedó al mando.

Sin embargo, en estos siete meses la presidenta afrontó diversos problemas, el principal de ellos derivado de la represión que impuso su administración por las protestas callejeras.