El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) oficializó la extensión por un año del régimen especial que permite acceder a importantes beneficios para la cancelación de deudas de viviendas sociales y créditos otorgados por el organismo. 

A través de la Resolución 1088 publicada en el Boletín Oficial, el directorio extendió hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las herramientas contenidas en la Ley 9571.

Descuentos del 60% y cancelación de oficio "más favorable"

Entre las medidas que continúan vigentes destaca el descuento del 60% en un solo pago para aquellos adjudicatarios cuyos saldos de capital, sumados a la mora total, no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esta alternativa no posee límites respecto de la fecha de entrega de la vivienda y representa una oportunidad clave para regularizar la situación dominial de las familias.

Adicionalmente, la normativa introduce un cambio de fondo para resolver los casos de deudas antiguas con montos reducidos que habían quedado trabados. Bajo el principio jurídico in dubio pro cancelación, el IPV tomará de manera automática la fecha más favorable entre la entrega de la casa, la adjudicación o el inicio del crédito (siempre que sea anterior al 30 de noviembre de 2017) para dar por cancelados los créditos de oficio cuyo saldo sea menor al 30% de un salario mínimo. Con este ajuste se busca depurar la cartera crediticia y evitar trámites administrativos antieconómicos.