El Senado convirtió en ley la modificación que permite a la DGE usar su patrimonio como garantía financiera. El proyecto proyecta casas de dos dormitorios en varios municipios.
La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva a la reforma del Fondo Escolar Permanente, habilitando a la Dirección General de Escuelas (DGE) a utilizar parte de sus bienes como respaldo para créditos de vivienda destinados a docentes.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo 25 votos afirmativos y busca convertir inmuebles y activos en desuso en una garantía sólida para entidades bancarias y desarrolladores.
La modificación de la Ley 9.545 no contempla que la DGE construya de manera directa, sino que constituya fideicomisos o subcuentas de reserva para respaldar las operatorias. Los bienes que nutrirán este fondo surgirán de subastas, alquileres de inmuebles o remates de vehículos dados de baja por la administración educativa. Además, la ley protege los fondos para que no sean derivados a Rentas Generales al cierre de cada ejercicio fiscal.
El esquema proyectado entre la DGE y el IPV contempla una primera etapa de 250 viviendas de unos 60 metros cuadrados, distribuidas en municipios como Guaymallén, Ciudad, Godoy Cruz, San Rafael y Junín. Las unidades contarán con dos dormitorios y exigirán un aporte inicial del 20% del valor, cancelable en hasta 24 meses. El 80% restante se financiará mediante créditos hipotecarios a 30 años, ofreciendo una solución habitacional concreta para favorecer el arraigo de los trabajadores de la educación.