El Gobierno de Mendoza puso oficialmente en vigencia la Ley 9725 que modifica el Fondo Escolar Permanente, introduciendo un cambio estructural en la gestión de recursos de la Dirección General de Escuelas (DGE). 

La legislación autoriza al organismo educativo a incorporar fondos provenientes de la venta, subasta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de su patrimonio, ampliando de forma inédita sus fuentes de financiamiento.

Garantía para viviendas docentes y obras de infraestructura

Una de las principales novedades que introduce la norma publicada en el Boletín Oficial es que faculta a la DGE a utilizar parte de esos recursos como garantía financiera para el desarrollo de obras de infraestructura escolar. Además, establece que dichos activos podrán destinarse como respaldo para programas que faciliten el acceso a soluciones habitacionales y urbanización para docentes, siempre que cuenten con la correspondiente autorización formal.

Para evitar el desfinanciamiento del sistema educativo provincial, la normativa fija límites precisos: las garantías solo podrán constituirse con recursos líquidos y rentas, quedando totalmente excluidas las escuelas y los bienes esenciales para las clases. Asimismo, la ley obliga a preservar un saldo operativo mínimo de disponibilidad restringida y exige que los saldos presupuestarios no ejecutados al cierre del ejercicio se mantengan en el Fondo Escolar en lugar de derivarse a Rentas Generales.

Con esta reforma, la gestión educativa busca acelerar las respuestas habitacionales para el personal de la educación y garantizar la construcción, reparación y equipamiento continuo de los edificios escolares en todo el territorio mendocino.