El Ejecutivo mendocino presentó los primeros resultados del programa tras la sanción de la ley. Ya se intervino sobre 23 inmuebles abandonados o vinculados con actividades delictivas en el Gran Mendoza.
A una semana de la sanción definitiva de la Ley Antiaguantaderos en la Legislatura, el gobierno de Alfredo Cornejo presentó un balance sobre los operativos desplegados contra propiedades abandonadas y asociadas al delito.
Desde la marcha del programa en octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad abrió 60 expedientes y logró concretar 23 intervenciones directas en distintos puntos del Gran Mendoza.
El procedimiento oficial permitió ejecutar 13 demoliciones de construcciones destruidas en municipios como Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras. A estas acciones se sumaron cuatro tapiados y seis medidas preventivas orientadas a evitar la usurpación o el acopio de sustancias ilícitas. Las autoridades destacaron que las maniobras cuentan con informes técnicos y policiales, garantizando el derecho de oposición a los propietarios antes de concretar la clausura o el derrumbe.
Un caso emblemático de la iniciativa ocurrió en el barrio Paraguay de Guaymallén, donde un antiguo refugio utilizado por delincuentes fue demolido y reconvertido en un espacio comunitario con canchas deportivas, plaza y centro de salud. Según precisó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, el objetivo central de la normativa es consolidar una política de Estado que elimine guaridas operativas y devuelva la tranquilidad y la seguridad urbana a los vecinos de cada departamento.