El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves mediante el Boletín Oficial la cesantía de ocho empleados públicos pertenecientes a diversas reparticiones estatales. 

Las severas sanciones disciplinarias abarcan a personal del Ministerio de Salud, la Administración Tributaria Mendoza (ATM), la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tras detectarse graves irregularidades administrativas.

Firmas adulteradas y ausencia reiterada a los puestos de trabajo

Entre los casos más resonantes figura el de una médica del Área Sanitaria Capital, dada de baja tras comprobarse que presentó documentación médica con firmas falsificadas para justificar inasistencias. Una maniobra similar fue descubierta en la ATM de la Zona Sur, donde auditorías internas confirmaron que tres agentes apelaron a certificados médicos truchos para evitar concurrir a sus puestos laborales sin contar con registros ni recetas que avalaran las atenciones médicas.

Por otro lado, la DGE aplicó la cesantía e inhabilitación por cinco años a un celador del departamento de San Carlos por acumular 26 faltas injustificadas. En simultáneo, el área de Niñez sumó tres despidos por inasistencias continuadas durante varios meses. Desde el Ejecutivo enfatizaron que el uso de documentación apócrifa quiebra el deber de honestidad y ratificaron que se mantendrán los controles sobre las licencias en la administración pública mendocina.