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Alivio financiero en Mendoza: promulgan la ley para refinanciar deudas de familias y PyMEs con beneficio fiscal

El Gobierno provincial publicó la Ley 9.730 en el Boletín Oficial. Otorga exenciones impositivas a bancos y acreedores que bajen tasas y extiendan plazos de pago para deudores mendocinos.

Miercoles, 30 de Setiembre de 2026

El Gobierno de Mendoza promulgó la denominada Ley de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas, una norma clave que busca promover la reestructuración de pasivos en todo el territorio provincial. 

Publicada este miércoles bajo el número 9.730 en el Boletín Oficial, la medida otorga importantes beneficios impositivos a las entidades acreedoras que ofrezcan mejores condiciones de pago a personas humanas y jurídicas radicadas en la provincia.

Requisitos clave, exenciones fiscales y controles de ATM

Para acceder a las franquicias impositivas, los acuerdos de refinanciación deberán garantizar un plazo mínimo de devolución de 24 meses y fijar una Tasa Nominal Anual que no supere el 40%. Cumplidos estos parámetros, las operaciones quedarán totalmente exentas del pago del Impuesto de Sellos, al tiempo que los ingresos generados tributarán una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos. La ley contempla la modificación de plazos, cuotas, tasas y garantías, además del financiamiento otorgado para cancelar deudas con terceros acreedores.

Por su parte, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento del régimen. Las entidades participantes deberán presentar declaraciones juradas mensuales detalladas y el organismo fiscalizador cruzará la información con la Central de Deudores del Banco Central para prevenir inconsistencias. En caso de detectarse información falsa, se aplicarán severas sanciones del Código Fiscal, además del cobro retroactivo de los impuestos omitidos más sus correspondientes accesorios.

El marco normativo estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de seis meses decretada por el Ejecutivo. Con este esquema, la Provincia busca alivianar la carga financiera del sector privado mediante incentivos tributarios que fomenten el crédito sustentable.