Mendoza, de de
Mendoza, de de
Establece fueros especializados, plazos estrictos de investigación y procedimientos de detención para adolescentes.
La Cámara de Diputados de Mendoza tratará este miércoles el proyecto de ley que adecua la legislación provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, el cual fijó la responsabilidad penal a partir de los 14 años. Con despacho favorable de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el oficialismo prevé convertir en ley la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
La propuesta busca adaptar el funcionamiento de la Justicia mendocina a la Ley Nacional 27.801. La norma crea una estructura judicial especializada compuesta por un Juzgado Penal Juvenil, un Tribunal Penal Juvenil, además de fiscalías y defensorías dedicadas exclusivamente a causas con imputados de entre 14 y 17 años.
El proyecto regula detalladamente el procedimiento tras la aprehensión de un menor. El fiscal interviniente tendrá un plazo máximo de tres horas para resolver si entrega al adolescente a un adulto responsable o si ordena su traslado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana). Si se dispone la privación de la libertad, el joven deberá ser alojado en dependencias de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, completamente separado de la población adulta.
La normativa establece un límite de 12 meses para la investigación penal preparatoria y fija un tope de 18 meses para la prisión preventiva. Asimismo, determina que los juzgamientos serán orales, reservados y a cargo de jueces técnicos, excluyendo de forma expresa la participación de jurados populares en causas juveniles
El texto contempla mecanismos de justicia restaurativa, mediación, reparación del daño y formación educativa como alternativas previas a la cárcel, la cual quedará reservada únicamente como último recurso para delitos graves.
De ser aprobada en el recinto sin modificaciones, la iniciativa completará su trámite legislativo y dejará a Mendoza con su propio procedimiento penal especializado para hacer operativa la baja en la edad de imputabilidad.
