La intervención de la OCDC será administrativa, prejudicial, gratuita y voluntaria. Su finalidad es generar un espacio de diálogo y conciliación entre el consumidor y sus acreedores para procurar acuerdos de saneamiento o reestructuración de las obligaciones.

El sobreendeudamiento puede estar vinculado a distintas situaciones, como la caída de los ingresos, la pérdida del empleo, una enfermedad, una separación familiar o cambios en la situación económica. Por este motivo, la OCDC busca brindar un ámbito institucional que permita analizar cada situación y facilitar alternativas de acuerdo antes de que el problema se profundice.

El procedimiento no reemplaza las vías judiciales previstas por la legislación nacional ni los mecanismos establecidos por las normas de defensa del consumidor. Se trata de una instancia administrativa orientada a facilitar soluciones consensuadas.

El ministro Natalio Mema señaló oportunamente durante el proceso de implementación de esta nueva oficina que "el objetivo de la creación de esta instancia es acompañar a los consumidores en este proceso de transición y poder rescatar a la mayor cantidad de personas que, sin duda, tienen voluntad de pagar."

 "Es muy saludable que se expanda el sistema financiero y que más personas puedan acceder a él, pero en esta transición económica comienzan a aparecer algunas dificultades. El año pasado, con el contexto electoral, las tasas subieron considerablemente y muchas personas tomaron financiamiento en condiciones que hoy les cuesta afrontar", agregó Mema.

¿Quiénes pueden acceder a la OCDC?

Pueden recurrir a los servicios de la OCDC las personas que tengan domicilio real en Mendoza, sean consumidores finales y hayan contraído obligaciones de carácter financiero en el marco de relaciones de consumo.

Para acceder al procedimiento, deberán encontrarse en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La resolución establece como referencia que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.

En situaciones de especial vulnerabilidad social, el porcentaje se reduce al 25%. Se consideran especialmente estas situaciones cuando en el hogar hay menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados con haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales o trabajadores informales.

La intervención estará orientada a aquellos casos en los que todavía sea posible evitar una situación de insolvencia o quebranto total mediante un proceso de saneamiento o reestructuración de las deudas.

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Lucero expresó: "Impulsamos un servicio gratuito y voluntario para mediar entre consumidores sobreendeudados y proveedores antes de llegar a la vía judicial. También relevamos las causas del sobreendeudamiento y promovemos educación financiera para proteger y acompañar a los consumidores mendocinos".

" Lo que nosotros pretendemos es llevar y hacer un encuentro entre las partes, o sea, entre el consumidor y los proveedores, sin que tenga que llegar todavía a una acción judicial", agregó la funcionaria.

¿Qué deudas pueden incluirse?

La OCDC podrá intervenir en deudas originadas por:

Tarjetas de crédito.

Préstamos personales.

Financiamiento comercial destinado al consumo.

Créditos otorgados por proveedores no financieros.

Plataformas financieras digitales legalmente autorizadas.

Créditos otorgados por mutuales y cooperativas.

Otras modalidades de financiamiento destinadas al consumo.

El procedimiento podrá involucrar a bancos y otras entidades financieras, emisores de tarjetas de crédito, entidades no bancarias, fideicomisos financieros, cesionarios de créditos de consumo y otros proveedores que otorguen créditos para consumo de manera habitual y legalmente autorizada.

Quedan fuera del alcance de la oficina las deudas garantizadas por hipoteca, obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales, deudas vinculadas con actividades empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar y aquellas obligaciones cuyo capital total supere los 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

¿Cómo realizar el trámite?

De acuerdo con lo explicado en el anexo de la resolución el trámite debe ser iniciado a pedido del consumidor y para ello deberá acreditar la relación de consumo que originó las deudas, presentar un listado de sus acreedores con sus domicilios y los montos adeudados, acompañar un estado actualizado de sus activos y pasivos y aportar la documentación adicional que solicite la oficina.

Luego de esa presentación, la oficina de Defensa del Consumidor citará a los acreedores, que tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para informar la existencia y origen de la deuda, su monto actualizado, el estado de las obligaciones y, en caso de corresponder, si existen procesos judiciales en trámite.

Luego será convocada una audiencia conciliatoria con la finalidad de alcanzar una solución entre las partes. Dentro de ese acuerdo podrán contemplarse quitas, períodos de espera u otras alternativas de refinanciación.

Es importante señalar que durante la instancia de conciliación quedará suspendida temporalmente la aplicación de intereses punitorios y cargos por mora. Además, deberán detenerse las medidas extrajudiciales compulsivas de cobro y no podrá agravarse la calificación crediticia del consumidor mientras se desarrolle el proceso.

La creación de la OCDC también contempla acciones de prevención, por ese motivo, la Dirección de Defensa del Consumidor promoverá, junto con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas, programas de educación financiera y consumo responsable.

Quienes accedan al procedimiento de reestructuración deberán participar de estas instancias, con el objetivo de incorporar herramientas que permitan mejorar la administración de los recursos y prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento.