La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dos proyectos de ley impulsados por el Gobierno de Mendoza. Uno busca ampliar la capacidad de investigación de delitos cometidos con armas de fuego mediante la creación de un banco de perfiles balísticos, mientras que el otro propone endurecer las sanciones y reforzar los controles dentro de los establecimientos penitenciarios.

Durante la reunión, realizada en el edificio de Comisiones de la Legislatura provincial, Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y la subdirectora general, Alejandra Llarena. Participaron además la jefa de Policía Científica, subcomisaria Erica Bengolea, y la directora del Laboratorio de Huellas Balísticas, Silvana Girula.

Las coincidencias balísticas aumentaron 241 % con la nueva tecnología

El proyecto de creación del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y del Banco Provincial de Perfiles Balísticos, que ya cuenta con media sanción por unanimidad del Senado, busca consolidar el uso de tecnología especializada para identificar coincidencias entre armas de fuego y evidencias recuperadas en distintas investigaciones judiciales.

La iniciativa permitirá dar respaldo legal al funcionamiento del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), incorporado en febrero de este año mediante una inversión provincial que incluyó equipamiento tecnológico y la construcción de una infraestructura especialmente acondicionada para su funcionamiento.

Durante su exposición, Rus explicó que hasta la incorporación de esta tecnología, la Policía Científica realizaba las comparaciones balísticas de manera manual, mediante fotografías y el análisis especializado de vainas servidas. El nuevo sistema permite automatizar parte de ese trabajo, incorporar proyectiles al análisis y detectar posibles vinculaciones entre distintos hechos delictivos.

La ministra destacó los resultados obtenidos desde la puesta en funcionamiento del equipamiento. "Este laboratorio ya está en funcionamiento a través de un nuevo sistema tecnológico que nos permite tener un mejor control sobre las armas ilegales en Mendoza. La tasa de coincidencias delictivas ha aumentado 241 %, con lo cual, siendo un laboratorio que inauguramos en febrero, ya tenemos buenos resultados para mostrarle a la sociedad mendocina", sostuvo.

Mercedes Rus remarcó que la sanción de la ley permitirá actualizar la normativa y garantizar la continuidad del sistema, independientemente de las futuras gestiones de gobierno: "Es muy importante que tenga una norma que pueda cobijar toda la inversión que la provincia ha hecho en este sistema y que permita que, cualquiera sea el gobierno que esté, esto sea una política pública", afirmó.

Mendoza es la única provincia argentina cuya Policía cuenta con esta tecnología, que a nivel nacional también utiliza la Policía Federal Argentina y en ese marco, la ministra destacó que ya se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para avanzar en la interoperabilidad de ambas bases de datos. Además, dijo que se están realizando gestiones con las autoridades policiales de Chile para posibilitar el intercambio de información balística y detectar conexiones entre armas utilizadas en delitos cometidos en diferentes jurisdicciones.

El proyecto contempla la incorporación de información de armas secuestradas, incautadas, decomisadas o recuperadas, así como de aquellas pertenecientes a las fuerzas de seguridad provinciales y empresas de seguridad privada. En el caso de los legítimos usuarios particulares, la incorporación de los perfiles será voluntaria.

La reforma penitenciaria busca cortar los circuitos ilegales dentro de las cárceles

El segundo proyecto analizado propone modificar la Ley 8465 para actualizar el régimen disciplinario penitenciario, endurecer las sanciones por conductas prohibidas y consolidar las medidas de seguridad implementadas en los establecimientos provinciales desde diciembre de 2023.

Rus explicó que uno de los principales objetivos es impedir que las personas privadas de libertad continúen desarrollando actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.

"Queremos cortar los mercados ilegales. Venimos trabajando en eso, tanto en materia de celulares como de drogas intramuros, y vamos a seguir haciéndolo", afirmó.

La ministra señaló que la reforma incorpora los conceptos de seguridad e inteligencia penitenciaria y contempla un régimen específico para internos de Muy Alto Perfil (MAP), una categorización que ya se aplica en el complejo Almafuerte II.

La iniciativa incorpora nuevas faltas graves por la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados. También contempla sanciones por conexiones clandestinas a internet y electricidad, así como por la participación de internos en videoconferencias, transmisiones por streaming o redes sociales sin autorización.

Otro de los puntos centrales es la creación de un régimen de sanciones para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos a las cárceles, con restricciones que podrán alcanzar los 180 días, extenderse a 365 ante una reincidencia y llegar a la prohibición definitiva de ingreso frente a una tercera infracción.

La ministra explicó que estas modificaciones buscan establecer consecuencias concretas ante los incumplimientos, dentro de un marco legal que permita sostener las sanciones.

Nuevos escáneres y tecnología para reforzar los controles penitenciarios

Rus detalló las inversiones realizadas para modernizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios y anticipó la incorporación de nuevos sistemas tecnológicos de control.

Entre las medidas implementadas durante 2025 mencionó la instalación de 300 cámaras de seguridad, la modernización de los controles de ingreso y la incorporación del sistema de comunicaciones TETRA, que permite al personal penitenciario comunicarse de manera encriptada, segura y sin interferencias.

La próxima etapa contempla la incorporación de escáneres de bolsos y equipos de inspección corporal para detectar elementos prohibidos que intenten ingresar a los establecimientos, como teléfonos celulares, chips, drogas y otros objetos.

Rus explicó que esta tecnología permitirá reforzar los controles y, al mismo tiempo, proteger al personal penitenciario frente a posibles agresiones o situaciones de presión durante las inspecciones.

La ministra confirmó que la licitación ya está en marcha y que la inversión se encuentra contemplada en el presupuesto ejecutado. Según los plazos previstos, el equipamiento podría llegar antes de diciembre y comenzar a implementarse durante 2027.

Los dispositivos estarán destinados a los cuatro principales establecimientos penitenciarios de máxima seguridad de la provincia, entre ellos Almafuerte I, Almafuerte II, Boulogne Sur Mer y San Felipe.