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Proyecto de ley para castigar con medidas sociales a quienes participen de tomas y usurpaciones

El diputado Jorge Difonso habló en Aurora: "Mendoza no es ajena, tenemos acciones muy recientes”.

Lunes, 7 de Setiembre de 2020

El diputado Jorge Difonso presentó un proyecto para sancionar una ley que castigue con medidas sociales a quienes participen de tomas y usurpaciones, un tema que ha crecido y que preocupa.

“Queremos evitar la usurpación de terrenos estatales o privados. Por eso proponemos un proyecto de ley para que quienes lo hagan, sean penalizados con la restricción de acceder a beneficios del Estado o los pierdan”, expresó Difonso en la red social Twitter. 

En diálogo con Aurora 91.3, explicó: “En la provincia de Mendoza hemos tenido en los últimos meses distintos intentos y concreciones de usurpación prácticamente en todas las regiones. Este tipo de avance se da generalmente en asentamientos, pero también lo llevan adelante personas privadas o empresas. También hemos observado dirigentes políticos coordinando este tipo de situación. La provincia de Mendoza no es ajena, tenemos acciones muy recientes”. 

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“El Estado genera asignaciones sociales: una persona que incurre en el delito de usurpación no debería percibirlo. Planteamos respecto a los planes sociales provinciales pero también solicitamos a los municipios que adhieran y al Gobierno nacional que se eximan de los beneficios nacionales. En la ley lo establecemos para todo tipo de asignaciones provinciales, pero entendemos que Nación y municipios deberían adherir”, detalló sobre el proyecto. 

Y agregó: “El Estado subsidia en circunstancias específicas, pero tiene que ser dentro de la legalidad. Creemos que el tema de la necesidad de vivienda y demás se tiene que resolver, pero dentro de la ley”. 

“Hay numerosos casos que se mantienen vigentes hoy. En el Valle de Uco hubo dos concretos este mes, pero también me consta que en Luján de Cuyo, el Gran Mendoza, San Rafael hay intentos. No creo que sea un tema relacionado con la pandemia, puede haber algún tipo de referencia política o negocio inmobiliario como móvil. El Estado no debe estar fomentando ni avalando esta circunstancia”, sentenció Difonso. 

Y aseguró: “En primera medida hay que desalentar las tomas. Entiendo que debería priorizarse el tratamiento”.

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