“Este proyecto tiene ejes concretos para aportar sencillez a la discusión”, sostuvo el funcionario. Y agregó que “no es farragoso, ni una propuesta que pretenda confundir, sino que la finalidad es que la comunidad completa conozca los alcances de la reforma institucional que impulsa el Gobernador Rodolfo Suarez”.

Ante un numeroso público virtual, el ministro expresó: “La Constitución representa a una comunidad política, a toda la ciudadanía. La historia y forma de ser de la comunidad definen en gran parte la Constitución que regirá en ese lugar, porque si no se corre el riesgo de que la norma no coincida con el ser político de ese entorno y carezca entonces de legitimidad en la aplicación ante esa comunidad”.

Respecto del proceso de reforma constitucional, Ibañez indicó: “Partimos de la base de un determinado concepto de constitución que preferimos despejar en el punto de que una Carta Magna no es una cuestión meramente racional. Si así lo fuera, podríamos creer que se pueden tomar modelos ajenos, extrapolar modelos de Constitución de otros países y traerlos sin más a esta provincia. Pero esto no se resuelve de esa manera, sino que resulta fundamental para el éxito de esta propuesta que la constitución que proyectemos en conjunto responda a una forma de ser de esta comunidad política, nuestros valores, historia e intereses como mendocinas y mendocinos”.

Hay que recordar que la Constitución que rige actualmente en la provincia data de 1916 y cuya Constitución histórica de 1854 fue la primera Carta Magna provincial del país; y la de 1916 fue una norma muy avanzada para su época, ajustada a la historia y al momento que vivía Mendoza, con derechos sociales incorporados en su texto, cuando ninguna otra norma del mundo aún lo hacía: descanso dominical y jornada laboral de 8 horas, por ejemplo.

Durante el encuentro virtual, Ibañez expresó que “hay que analizar cuáles han sido los obstáculos que imposibilitaron los anteriores procesos de reforma de la Constitución y uno de esos puntos por destrabar es acordar que se habla de una reforma institucional porque nuestra realidad demuestra que no hemos podido avanzar, por ejemplo, en una reforma electoral profunda sin afectar la supremacía constitucional”.

Respecto de los cambios que se deben introducir, el ministro destacó: “Necesitamos introducir cambios a las leyes denominadas constitucionales (ley de municipalidades, de tribunales y otras) que son las que reglamentan la Constitución de Mendoza, y sobre las cuales debemos trabajar para actualizar la Carta Magna a tono con los tiempos y desafíos que enfrentamos”.

Respecto de cómo debe ser el proceso de modificación, el ministro Ibañez resaltó que “es sumamente importante aclarar que el gobernador no es quien reforma la Constitución, sino que elabora un proyecto que envía luego a la Legislatura para su análisis y debate y donde se dan tres momentos consecutivos que abren la discusión sobre la modificación de nuestra Carta Magna: primero, en la Legislatura provincial, donde los partidos y otros sectores de la sociedad civil movilizarán los cambios y mejoras que se consideren oportunos; en segundo término habrá una consulta vía referéndum para la participación directa del pueblo, con objeto de conocer su decisión respecto de esta iniciativa de reforma. En tercer lugar, serán los candidatos convencionales electos quien pugnarán para introducir los cambios que se adviertan necesarios”.

Luego del proceso en las tres instancias, será la Convención Constituyente el organismo que reforme la Constitución de la Provincia de Mendoza.

“En Mendoza no existe la representación territorial como principio constitucional y por ese motivo es necesaria la introducción de ese principio rector para que cada municipio cuente con un representante, situación que hoy no se da en todos los casos. De la mano de este objetivo, nos proponemos pasar de dos cámaras a una (unicameralidad), es decir, menos gasto y mejor representatividad. En el proyecto se solicita que existan 48 legisladores solamente: por un lado, uno por cada municipio (18) y, por el otro, 30 legisladores por los distritos en que se encuentra segmentada hoy la provincia, con una lógica más acorde con las necesidades reales de una Legislatura para estos tiempos”, planteó Ibañez.

La unicameralidad posibilita un tratamiento más efectivo y rápido de las discusiones legislativas. La gestión es más versátil y tiene mayor representatividad.

El equilibrio fiscal está introducido en este proyecto como propuesta para ser un derecho colectivo y una obligación del Estado, que va a requerir legitimación de parte de la ciudadanía, con impacto en la economía provincial y en beneficio de las fuerzas productivas y su relación con ese Estado más cuidadoso de las cuentas públicas.

Participaron en el encuentro Silvina Furlotti, presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza; Norma Llatser, tesorera de la Asociación; los subsecretarios Marcelo D’Agostino y Nicolás Egües, José Valerio, ministro de la Corte, legisladores provinciales y miembros de la Asociación de Magistrados.