Con la publicación del Decreto N°925 este miércoles en el Boletín Oficial, quedó oficializado el aumento al personal de la administración pública que había quedado fuera de la negociación paritaria por el rechazo de los representantes gremiales de AMPROS, Instituto de Juegos y Casinos; funcionarios y Empleados Judiciales y APOC a la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno provincial en las reuniones de paritarias.

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Además, el decreto alcanza a los docentes y celadores de la provincia y a las fuerzas de Seguridad.

Según la propuesta del ejecutivo provincial, el aumento interanual a noviembre de 2021 será de un 42,2% en promedio. Así, se incrementan los aumentos de julio y octubre, quedando los tramos para 2021: 7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre, más el bono de carácter no remunerativo.

De este modo, un empleado público que ganaba $40.000 en diciembre del 2020, en marzo del 2021 pasó a cobrar $46.800 (4.000 del bono más, 7% de aumento); en julio cobrará $51.600 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre se hará de $57.600 ($6.000 del bono más aumento del 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 44%.

En el caso de un empleado público que en diciembre del 2020 cobró $100.000, en marzo del 2021 pasó a cobrar $111.000 ($4.000 del bono, más el 7% de aumento estipulado); en julio del 2021 esa misma persona cobrará $123.000 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre percibirá $135.000 ($6.000 del bono, más el 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 35%.

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Cabe destacar que el Ejecutivo formalizó nuevamente su voluntad de rever los salarios de los agentes públicos mediante una nueva instancia paritaria, que tendrá lugar en noviembre de este año, a la luz de la evolución de la inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo de los mendocinos y que este aumento se da en medio de un contexto macroeconómico muy complejo producto de la pandemia y de caída en los ingresos públicos, a la vez que aumentan los gastos destinados a la prestación de servicios esenciales, requiriendo especial atención los recursos para hospitales y centros de salud de Mendoza