La Dirección General de Escuelas fue condenada por la justicia local por no aceptar el psicofísico de un educador alegando sobrepeso y problemas en las cuerdas vocales, a pesar de haber presentado mejorías en su salud, y deberán pagar $1.350.000 a la damnificada. 

Esta decisión del ente educativo no solo le impidió ejercer como docente titular, sino que le imposibilitó acceder a cargos de docente suplente y mejorar su sueldo con una extra. 

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La demandante, Laura Martínez, presentó cargos por violencia de género institucional, pena que finalmente se terminó otorgando a la entidad educativa. 

A Martínez se le negó la posibilidad de trabajar en 2016, a pesar de que había superado problemas en las cuerdas vocales debido a un tratamiento con un otorrinolaringólogo y había bajado más de 10 kilos de peso por tratamiento con nutricionista. 

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"El índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada", destacó la jueza civil que llevó el caso, Fabiana Martinelli. 

La DGE tiene 10 días hábiles para abonar $1.350.000 a la demandante aunque se descuenta que apelará en la próxima instancia prevista por la ley.