La Municipalidad de Guaymallén emitió un comunicado donde les respondió a los hermanos Paco, dueños del predio donde murió Eric Mamaní, el pequeño de seis años que perdió la vida tras caer a un pozo de agua en una obra en construcción.

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En el texto, sostuvieron que la empresa “sistemáticamente incumple y viola las normativas municipales”.

Desde la comuna, indicaron: “Lo que el señor Florentino Paco llama discriminación es nada más que la exigencia del cumplimiento de las normativas municipales, leyes provinciales y nacionales”.

Además, consignaron que “se han aplicado más de 200 sanciones en los distintos emprendimientos de las diferentes empresas vinculadas a los hermanos Paco”.

“Cabe destacar con respecto al predio donde ocurrió tan lamentable hecho, que Irrigación dictó la resolución 0052 de fecha 16 de febrero del 2016, donde hace responsable a Idandi S.A. de prever todas las obras de protección y seguridad de las personas (entubamiento, vallados, cierres) u otro medio para cumplir con la seguridad e integridad de las personas (art.1 inc.f y art.2)”.

En el comunicado publicado este viernes en la página de Guaymallén informaron que “se le ha dado intervención a Edemsa, a través de reiterados pedidos de corte de servicio de suministro eléctrico, dada la falta de condiciones de habitabilidad de las construcciones”.

El comunicado completo

La Municipalidad de Guaymallén informa que IDANDI S.A. sistemáticamente incumple y viola las normativas municipales. Al día de la fecha, los loteos cuestionados son irregulares, sus construcciones clandestinas y han sido continuamente sancionados por parte del municipio, utilizando todas las medidas establecidas en el Código de Edificación, con paralizaciones de obra, multas y clausuras; las cuales la empresa ha reconocido en su comunicado de prensa.

Desde el año 2015 a la fecha, se han aplicado más de 200 sanciones en los distintos emprendimientos de las diferentes empresas vinculadas a los hermanos Paco. Asimismo, se le ha dado intervención a EDEMSA, a través de reiterados pedidos de corte de servicio de suministro eléctrico, dada la falta de condiciones de habitabilidad de las construcciones. Además, se han realizado inspecciones convocando a la Subsecretaría de Trabajo, AFIP y Migraciones.

Una vez agotadas las instancias administrativas, el municipio ha llevado estos casos a la Justicia, haciendo una denuncia en la Unidad Fiscal Correccional, cuyo número es P75527/22, acompañando 439 fojas, existiendo antecedentes previos de otras denuncias penales iniciadas por inspectores de Obras Privadas de este municipio; así como también existen acciones judiciales realizadas por vecinos de la zona, que dieron como resultado la resolución judicial que estableció una medida de no innovar, la cual tampoco ha sido cumplida.

Cabe destacar con respecto al predio donde ocurrió tan lamentable hecho, que Irrigación dictó la resolución 0052 de fecha 16 de febrero del 2016, donde hace responsable a IDANDI S.A. de prever todas las obras de protección y seguridad de las personas (entubamiento, vallados, cierres) u otro medio para cumplir con la seguridad e integridad de las personas (art.1 inc.f y art.2).

Al tomar conocimiento de esta forma de trabajar en la clandestinidad de los hermanos Paco y otros inescrupulosos empresarios, el municipio, para evitar estafas de esta índole, desde hace 5 años realiza campañas de difusión donde se informa que los posibles adquirentes cuentan con un servicio de asesoramiento gratuito y confidencial, para consultar las condiciones de los loteos o propiedades a adquirir.

Lo que el señor Florentino Paco llama discriminación es nada más que la exigencia del cumplimiento de las normativas municipales, leyes provinciales y nacionales.

Cuando algunos desarrolladores inmobiliarios se quejan de las tramitaciones exigidas por la normativa provincial y municipal, en realidad están pretendiendo violentar los procedimientos administrativos que buscan garantizar la legalidad de los procesos y la seguridad de las personas.