La Autoridad Ambiental Minera realizó un relevamiento territorial de la actividad ladrillera en el distrito de Jocolí, departamento de Lavalle, como parte del proceso de ordenamiento que impulsa la Provincia para esta actividad productiva.

Durante la jornada, equipos técnicos recorrieron la zona con el objetivo de identificar productores activos, relevar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y registrar información de contacto de trabajadores y familias vinculadas a esta actividad artesanal, que en muchos casos se desarrolla desde hace más de una década en el lugar.

El operativo también permitió dialogar con los productores para conocer sus realidades y necesidades, en el marco de una estrategia que busca avanzar de manera progresiva hacia la formalización del sector.

Franco Cisnero, integrante del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, destacó la importancia del trabajo territorial para ordenar la actividad: "Este tipo de relevamientos nos permite conocer en detalle cómo se desarrolla la actividad ladrillera en cada zona y establecer un vínculo directo con los productores. Nuestro objetivo es acompañarlos en un proceso de ordenamiento que contemple tanto la dimensión productiva como la social y ambiental".

Durante el recorrido también se acordó la realización de una reunión informativa en la delegación municipal de Jocolí, con el objetivo de generar un espacio de intercambio con los trabajadores del sector y brindar información sobre los procesos de registro y regularización.

"Queremos que los productores cuenten con información clara y con canales de diálogo abiertos con el Estado. El ordenamiento de la actividad se construye con presencia territorial y con la participación de quienes forman parte de esta actividad productiva", agregó Cisnero.

La intervención forma parte del monitoreo permanente que el Ministerio de Energía y Ambiente sostiene en todo el territorio provincial para asegurar la aplicación efectiva del Código de Procedimiento Minero y del conjunto de la normativa ambiental. La ampliación de los mecanismos y esfuerzos de control mediante la articulación con diferentes organismos públicos ha permitido robustecer la capacidad de fiscalización del Estado, acompañar a los productores en el cumplimiento de sus obligaciones y avanzar hacia mayores niveles de previsibilidad, formalidad y trazabilidad en el desarrollo de la actividad minera.