El Gobierno de Mendoza, a través del Decreto 925, aprobó un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud y Deportes que permitirá mejorar la eficiencia en la atención médica de las personas privadas de la libertad (PPL), especialmente aquellas que requieren intervenciones médicas en efectores públicos de salud.

Este acuerdo establece que el Ministerio de Salud será el responsable de cubrir los insumos hospitalarios -como prótesis, implantes o dispositivos médicos- requeridos por los hospitales públicos cuando atienden a pacientes derivados desde el Servicio Penitenciario Provincial. Hasta ahora, esta tarea recaía directamente sobre el Servicio Penitenciario, lo que implicaba gestiones administrativas complejas, costos elevados y demoras en la provisión de elementos clave para la salud.

La medida implica una mejora significativa en los tiempos de adquisición y en la calidad del servicio médico que reciben las personas privadas de libertad, ya que el Ministerio de Salud cuenta con procesos de compra centralizados, adquisiciones por volumen y disponibilidad en stock, lo cual agiliza la entrega y garantiza estándares adecuados.

Además, el convenio reduce la carga administrativa y presupuestaria del Ministerio de Seguridad, ya que evita procesos licitatorios individuales por cada necesidad específica -como una prótesis o un insumo quirúrgico- y permite que el Servicio Penitenciario se concentre en la atención cotidiana y básica dentro de sus establecimientos.