Julieta Silva, la mujer condenada en 2018 por la muerte de su entonces pareja Genaro Fortunato en San Rafael, volvió a quedar bajo arresto este jueves tras ser imputada por agredir físicamente a su actual esposo, con quien tiene una hija de un año. La detención fue ordenada luego de una denuncia presentada por el hombre, que derivó en la intervención policial en el domicilio familiar.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, Silva fue imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La Policía llegó al lugar tras una alerta al CEO y constató que la víctima presentaba escoriaciones y una tumefacción compatibles con golpes. A raíz de estos hallazgos, se activaron medidas judiciales inmediatas.

La fiscalía dispuso una prohibición de acercamiento, ordenó pericias médicas, toma de testimonios y el análisis del caso por parte del Cuerpo Médico Forense. En base a estos informes y las declaraciones de los efectivos intervinientes, se avanzó con la imputación y se determinó la detención domiciliaria de Silva, quien deberá usar tobillera electrónica debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hija menor.

En paralelo, desde el entorno judicial confirmaron que Silva presentó una contradenuncia por violencia de género, la cual fue incorporada a la causa principal. La situación ahora será evaluada por la Justicia, que deberá determinar la veracidad de ambas denuncias y definir si corresponde ampliar las medidas preventivas.

Julieta Silva vuelve así al centro de la escena judicial, años después de haber sido protagonista de uno de los casos más conmocionantes de Mendoza. El hecho ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando, tras una discusión con Genaro Fortunato a la salida del boliche “La Mona”, lo atropelló con su auto, causándole la muerte por aplastamiento de cráneo.

Por aquel episodio, fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado, además de ocho años de inhabilitación para conducir. La condena fue ratificada por la Suprema Corte. Hoy, Silva enfrenta una nueva causa penal que podría volver a ponerla frente a un tribunal.