Mendoza, de de
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El Gobierno provincial busca garantizar el derecho a la comunicación de los presos sin comprometer la seguridad.
El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezaron un acto que marca el inicio de una nueva etapa en el control penitenciario de Mendoza. Este martes, se dio luz verde a la compactación de más de 5.000 celulares que fueron secuestrados en distintas cárceles de la provincia. La medida, parte de un plan más amplio, busca desarticular la organización de delitos desde el interior de los penales.
“La práctica nos ha enseñado que con estos celulares se cometían estafas, se introducía droga y hasta circulaban imágenes de abuso sexual infantil. No hablamos solo de seguridad intramuros, sino de la seguridad de toda la comunidad”, afirmó la ministra Rus, subrayando la gravedad de los delitos que se gestaban con estos dispositivos.
La compactación es solo la primera fase. Rus explicó que el Gobierno ya adjudicó la implementación de un sistema de inhibidores de señal de última generación. Esta tecnología permitirá bloquear las comunicaciones ilegales sin afectar las líneas externas ni las del propio Servicio Penitenciario.
“Es un sistema superador”, aseguró la ministra, quien estimó que su implementación en toda la provincia se concretará antes de fin de año. La funcionaria destacó que esta herramienta no solo servirá para bloquear llamadas en las cárceles, sino que también será útil para identificar comunicaciones ilícitas y colaborar en la detección de delincuentes en la vía pública.
Ante la posibilidad de que la medida afecte el contacto de los internos con sus familias, Rus fue categórica: “Ampliamos las visitas semanales y adquirimos teléfonos antivandálicos que podrán usarse en casos de emergencia bajo la supervisión de trabajadores sociales”. De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar el derecho a la comunicación de los presos sin comprometer la seguridad.
