Marty señaló que el caso de Guaymallén demuestra un modelo colaborativo sólido entre municipio y cooperativas, con procesos optimizados, acuerdos con vecinos para la separación en origen y una estrategia de "ganar-ganar" que fortalece tanto la gestión ambiental como la inclusión social de los recuperadores urbanos.

En el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en diputados, la coordinadora interjurisdiccional GIRSU, Graciela Marty y Jésica Minatel, de la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental recorrieron el Centro Verde de Reciclaje Inclusivo y lo destacaron como un ejemplo del modelo al que apunta el proyecto.

El proyecto GIRSU establece la creación de un sistema provincial de residuos que articule a todos los municipios bajo principios rectores comunes, con competencias claras, estándares mínimos garantizados y mecanismos de control y participación ciudadana. Asimismo, impulsa el cierre definitivo de basurales a cielo abierto, la regionalización de la gestión, la inclusión social de recuperadores urbanos, la educación ambiental y la economía circular, asegurando la trazabilidad en todo el proceso.

"El caso de Guaymallén demuestra un modelo colaborativo sólido entre municipio y cooperativas, con procesos optimizados, acuerdos con vecinos para la separación en origen y una estrategia de 'ganar-ganar' que fortalece tanto la gestión ambiental como la inclusión social de los recuperadores urbanos", afirmó Marty.

El Centro Verde, inaugurado en 2019, cuenta actualmente con 50 trabajadores municipales entre administrativos, operativos, inspectores y policía ambiental. En sus instalaciones funcionan las cooperativas Grilli y Aguaribay, que reúnen a unas 85 personas y pronto sumarán 130 recuperadores más, provenientes del cierre del basural a cielo abierto Puente de Hierro, quienes ya se encuentran en capacitación.

El predio dispone de una explanada de acumulación, dos galpones, oficinas, comedor, área de merienda y un futuro sector de huerta urbana. Además, el municipio opera 13 puntos verdes móviles y 4 camiones que facilitan la logística de recolección, transporte y acopio de residuos secos hacia el centro, donde se realiza el pesaje, enfardado y posterior comercialización.

"El esquema combina la infraestructura y el acompañamiento municipal con la autonomía de las cooperativas para organizar sus transacciones, bajo contratos de exclusividad con grandes generadores de residuos", explicó Marty.

La semana pasada, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, expuso los lineamientos del proyecto en el plenario de la Comisión de Hacienda y Ambiente de la Cámara de Diputados, junto a su equipo técnico integrado por Nuria Ojeda (subsecretaria de Ambiente), Leonardo Fernández (director de Gestión y Fiscalización Ambiental), Carla Ortega (coordinadora de Sostenibilidad) y Marty.

Durante su presentación, Latorre subrayó que la propuesta "lejos de afectar autonomías municipales, ordena el cumplimiento de funciones que algunos municipios tienen olvidadas". El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca dar un nuevo marco legal a la gestión integral de los desechos urbanos, ordenar el trabajo de los recicladores y avanzar hacia una provincia más limpia, inclusiva y ambientalmente responsable.