Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, anunció formalmente que su cartera enviará a la Legislatura de Mendoza dos proyectos de ley esenciales para su gestión. El primer proyecto está directamente vinculado a la modificación de los criterios para el uso de armas de fuego por parte de los efectivos policiales, mientras que el segundo apunta a una nueva legislación para combatir los aguantaderos, lugares que suelen ser utilizados como bases operativas para el delito.

Marco legal para la Policía y respuesta rápida contra el delito

La ministra dio los detalles en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 de su cartera ante los legisladores. Respecto al uso de armas, Rus busca modificar la Ley 6722, que rige las normas de funcionamiento de las Policías de Mendoza. La iniciativa tiene como objetivo actualizar los criterios sobre el uso de armas de fuego por parte de los efectivos, estableciendo claramente en qué contextos y bajo qué condiciones pueden accionar. La funcionaria destacó que se busca "fortalecer la actuación policial con reglas que protejan también al policía" en el cumplimiento de su deber .

En cuanto a la “ley antiaguantaderos”, la propuesta busca facultar al Ministerio para intervenir rápidamente en determinados lugares que, por su estado de abandono o uso ilícito (como búnkeres de venta de drogas o escondites), representan un riesgo para la seguridad pública. La ministra explicó que la idea es que, tras un allanamiento, se pueda "tapearlo" sin afectar la titularidad registral, coordinando con los municipios para asegurar la inhabilitación del espacio y evitar su reocupación.

Rus señaló que la necesidad de esta ley surge de la práctica cotidiana: tras desarticular un sitio usado para el narcotráfico, estos espacios suelen ser ocupados nuevamente por otros delincuentes con rapidez. "Nos pasa con muchos allanamientos: se va la gente que está usurpando ese lugar y necesitamos rápidamente tapearlo," detalló, añadiendo que la ley permitirá una coordinación efectiva para reducir lugares de escape, como se vio en casos graves en Guaymallén.

Ambos proyectos deberán ser analizados y debatidos en la Casa de las Leyes, y serán claves para la agenda de seguridad del Poder Ejecutivo provincial en los próximos meses.