El Gobierno provincial ingresó este martes en la Cámara de Senadores el proyecto de actualización de la ley que regula el Certificado de Medidas de Protección Aptas para Incendios (Cemepaci). Impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, la iniciativa propone actualizar una normativa vigente desde hace más de dos décadas, simplificar procesos y fortalecer la coordinación con los municipios para garantizar una gestión más ágil y segura.

Una ley actualizada para una gestión más eficiente

El Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en la modernización del sistema de certificación de medidas contra incendios con la presentación en la Legislatura provincial del proyecto de reforma de la ley del Cemepaci.

La iniciativa tiene como objetivo dejar atrás un esquema normativo obsoleto que volvía lentos los procedimientos administrativos, afectando tanto a municipios como al sector privado y al propio cuerpo de Bomberos.

La reforma propone agilizar los trámites y simplificar los procesos, asegurando que las certificaciones se emitan con mayor rapidez y eficiencia, sin comprometer la seguridad edilicia. En este sentido, el nuevo texto legal clarifica las competencias de intervención y fortalece la articulación institucional entre el Estado provincial y los gobiernos locales.

El proyecto establece que los Bomberos de la Policía de Mendoza mantendrán como competencia exclusiva e indelegable la emisión del Cemepaci en edificios públicos, semipúblicos y privados vinculados a la prestación de servicios públicos.

Asimismo, seguirá siendo responsabilidad del cuerpo provincial realizar auditorías y pericias posincendio, tareas esenciales para determinar las causas de los siniestros y prevenir futuras contingencias.

Descentralización y trabajo conjunto con los municipios

Uno de los ejes centrales de la actualización del Cemepaci es la descentralización de facultades hacia los municipios que cuenten con áreas técnicas especializadas y profesionales habilitados.

En esos casos, los gobiernos locales podrán otorgar el certificado en establecimientos privados mayores a 450 metros cuadrados, con la posibilidad de solicitar asistencia técnica de Bomberos provinciales cuando lo consideren necesario.

En los municipios que no dispongan de esa estructura, el trámite continuará a cargo de Bomberos, garantizando cobertura y control en todo el territorio provincial.

La propuesta también prevé que autoridades nacionales, provinciales o municipales puedan requerir la intervención de Bomberos oficiales de acuerdo con criterios de riesgo o características particulares de los inmuebles, fortaleciendo así la cooperación institucional y la capacidad de respuesta ante distintas realidades edilicias.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y digitalización que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia, orientado a optimizar tiempos, reducir la burocracia y mejorar la trazabilidad de los trámites vinculados a la seguridad contra incendios.