El Gobierno detectó que la mercadería ingresa por correo y se ofrece a través de redes sociales.
El clásico brindis de las doce estuvo musicalizado este 25 de diciembre por masivos estruendos que hicieron recordar a los años previos a la prohibición de la pirotecnia en Mendoza. El fenómeno no solo se percibió en todo el Gran Mendoza, sino que se materializó en un aumento de heridos, decomisos millonarios y un trágico incendio en un depósito ilegal de Godoy Cruz. Esta situación encendió las alarmas, ya que parecía ser una discusión cerrada desde que en 2016 se impulsó la iniciativa "Pirotecnia 0".
El incremento de los ruidos molestos generó un fuerte rechazo en redes sociales, donde miles de mendocinos denunciaron un retroceso en la empatía hacia personas con autismo, adultos mayores y animales. Desde el REPRIV explicaron que el problema radica en la venta clandestina, ya que gran parte de la mercadería ingresa a la provincia mediante envíos por correo o servicios de mensajería. Una vez en Mendoza, los productos se comercializan en grupos cerrados de redes sociales para evadir los controles en locales comerciales habilitados.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que, si bien en los comercios formales no se detectaron irregularidades, la modalidad clandestina ha ganado terreno. En los últimos días se realizaron operativos que terminaron con el secuestro de material explosivo tanto en la vía pública como en domicilios particulares. Incluso se confirmó que la persona afectada por el incendio en Godoy Cruz guardaba pirotecnia ilegal en su vivienda al momento del siniestro.
Actualmente, la fiscalización está a cargo del REPRIV junto a los municipios, quienes verifican que los comercios respeten las ordenanzas locales. La Policía de Mendoza actúa como organismo auxiliar respondiendo a las denuncias de los vecinos. El desafío para las autoridades es frenar el circuito informal que se mueve por fuera de los locales a la calle, el cual parece haber encontrado en las plataformas digitales un refugio para seguir operando.
El Código Contravencional de Mendoza establece sanciones severas para quienes infrinjan la norma. Las multas por venta ilegal oscilan entre los 840.000 y los 3.780.000 pesos, o penas de arresto que pueden llegar a los 90 días. Cabe destacar que, si los productos comercializados son de origen clandestino o fabricación casera, las sanciones económicas se triplican, buscando desalentar un negocio que pone en riesgo la seguridad pública.
A pesar de los esfuerzos oficiales, la madrugada del pasado miércoles dejó un sabor amargo en quienes esperaban celebraciones en paz. El retorno de los fuegos de artificio y las detonaciones de alto impacto plantea la necesidad de revisar los protocolos de control sobre los servicios de mensajería privada, que hoy se presentan como el principal canal de abastecimiento para quienes deciden ignorar la ley de Pirotecnia Cero.