Con el objetivo de jerarquizar los servicios y garantizar la sostenibilidad del Parque Provincial Aconcagua, el Ministerio de Energía y Ambiente lanzó una Licitación Pública Nacional para concesionar la prestación de servicios en los campamentos base y de aproximación del Parque Provincial Aconcagua.

El anuncio de esta iniciativa, que busca organizar de manera integral la actividad de apoyo a quienes ingresan al parque, fue realizado en la Enoteca por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López; el director de Áreas Protegidas, Ivan Funes Pinter, y el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso. Además, estuvieron presentes Guardaparques, personal de la Patrulla de Rescate, veterinarios del programa de Bienestar Animal y prestadores de servicios que actualmente trabajan en el Parque.

"Después de un año de trabajo conjunto estamos llegando a este momento. Cuando a fines de 2024 se sancionó la Ley 9570 de zonificación del Parque Aconcagua, explicamos que el objetivo era brindar seguridad jurídica, ordenar el territorio dentro del parque y ofrecer mejores servicios, con mayores garantías tanto para los prestadores como para quienes lo visitan", explicó Latorre. "Esa norma fue la base para vincular la gestión del Aconcagua con la inversión privada, pero para que esa inversión pudiera concretarse eran necesarias reglas claras y definiciones precisas.

"Durante todo 2025 trabajamos con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y en articulación permanente con el Ente Mendoza Turismo para construir este pliego. El Aconcagua es uno de los grandes emblemas del turismo de naturaleza de Mendoza, de la Argentina y de la región, y por eso requería un esquema que integrara desarrollo, calidad de servicios y protección ambiental", agregó Latorre.

"Para la provincia, todo lo que se haga para perfeccionar los procesos y la calidad de los servicios dentro del Aconcagua es fundamental", afirmó por su parte Gabriela Testa. "La reputación internacional de esta montaña no solo está asociada a su altura, sino también al trabajo de preservación que realiza la Dirección de Áreas Protegidas con su cuerpo de guardaparques, al sistema de rescate de la Policía de Mendoza, reconocido a nivel mundial, y a la tarea preventiva que permite cuidar la vida de quienes nos visitan", aseguró.

"Este proceso tiene como objetivo principal regularizar la situación de una comunidad de prestadores que, en muchos casos, lleva más de 40 años trabajando y posicionando al Aconcagua como destino. Existe una historia, una relación con el lugar y una experiencia acumulada muy valiosa, pero desde el punto de vista administrativo era necesario dar un paso de orden. La ley sancionada en 2024 y esta licitación vienen justamente a completar ese camino", explicó Manuel López, jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente.

Organización, marco ambiental y reglas claras

Esta iniciativa busca organizar de manera integral la actividad de apoyo a quienes ingresan al parque bajo las categorías de Ascenso y Trekking, estableciendo reglas claras, competencia abierta y un marco ambiental mucho más exigente para la cumbre más alta de América.

El acceso a los pliegos de la Licitación Pública Nacional será gratuito, a través del sistema oficial de compras de la Provincia, y tendrá amplia difusión en medios y canales institucionales.

"Esta licitación permitirá otorgar concesiones por 20 años a quienes estén en condiciones de prestar servicios seguros y de calidad, y al mismo tiempo generar previsibilidad para que las inversiones tengan un retorno y el negocio sea sostenible para quienes ya vienen trabajando en el parque y para quienes quieran sumarse", explicó la ministra.

El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y una amplia concurrencia de oferentes que puedan demostrar capacidad técnica, ambiental, económica y operativa, en un entorno donde el cuidado del ecosistema requiere organización, controles estrictos, trazabilidad de las operaciones y criterios ambientales claramente definidos.

Un proceso público para la eficiencia y trazabilidad de la prestación de servicios

El proceso que culmina en esta licitación es el resultado de una política de gestión sostenida a lo largo de varios años en el Parque Provincial Aconcagua, orientada a mejorar de manera sustancial la calidad de los servicios, garantizar condiciones ambientales adecuadas y fortalecer la capacidad de control del Estado en un área natural protegida de alta sensibilidad.

En una primera etapa, iniciada hace más de 8 años, la Provincia avanzó en el ordenamiento de costos, servicios y modalidades de prestación, con el objetivo de transparentar la actividad, reducir prácticas informales y establecer criterios básicos de funcionamiento. Posteriormente, en 2024, se dio un paso estructural con la Zonificación del parque, que permitió definir con precisión la capacidad de carga, los estándares ambientales, los usos admitidos y las condiciones técnicas para cada sector, incorporando criterios de conservación, ordenamiento territorial y manejo responsable de la alta montaña.

Sobre esa base normativa y técnica, la licitación aparece como la herramienta final de consolidación del modelo, al otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores, mejorar la experiencia de quienes visitan el parque y establecer un sistema ordenado de responsabilidades, diferenciando claramente las tareas que competen al Estado de aquellas que corresponden a los concesionarios, siempre bajo un marco de control ambiental estricto.

Las concesiones comprenderán predios ubicados en campamentos de aproximación, como Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra -incluida una nueva localización-, y en campamentos base, como Plaza de Mulas y Plaza Argentina, donde también se prevén áreas para eventuales relocalizaciones. Una vez adjudicada la licitación, solo podrán prestar servicios quienes resulten concesionarios, quedando sin efecto los permisos actuales. Esto permitirá consolidar un sistema único, regulado y controlado, con mayor capacidad de seguimiento, fiscalización y trazabilidad por parte del Estado provincial.

La concesión se proyecta por un plazo de veinte años, lo que habilita el desarrollo de infraestructura adecuada para la actividad en alta montaña, siempre bajo las condiciones ambientales, técnicas y operativas establecidas en el pliego. En determinados campamentos, se prevé además el traslado hacia nuevas localizaciones, en línea con criterios de ordenamiento territorial, reducción de impactos y mejora de las condiciones ambientales. Al finalizar el contrato, los predios deberán ser restituidos sin infraestructura y en condiciones ambientales adecuadas, reforzando el principio de ocupación temporal, responsable y reversible propio de un área natural protegida.

En el plano económico, el nuevo esquema incorpora un sistema de mayor trazabilidad y transparencia, ya que el canon de explotación estará vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada. Este mecanismo permite un control más objetivo, verificable y previsible de la actividad, alineando la prestación de servicios con los objetivos de conservación, ordenamiento y sostenibilidad del Parque Provincial Aconcagua.

Plan ambiental como condición obligatoria

"Habrá un aspecto central que los oferentes van a advertir de inmediato: el peso del plan de gestión ambiental. De los 60 puntos mínimos necesarios para poder adjudicar, 40 corresponden a este componente. La sostenibilidad del parque lo exige. Necesitamos operadores que, además de brindar buenos servicios, gestionen adecuadamente el agua, los residuos y cuenten con planes de mitigación y remediación que nos permitan tomar decisiones con información y previsibilidad a lo largo de toda la concesión", aseguró Latorre

Cada oferente deberá presentar un Plan Ambiental y Logístico integral, que será un componente central de la evaluación. Deberá contemplar la gestión integral de residuos, con separación en origen, trazabilidad desde la generación hasta la disposición final autorizada y retiro periódico durante cada temporada. También deberá detallar cómo se gestionarán los residuos orgánicos, los reciclables y los residuos sanitarios, en un entorno donde la acumulación o mala disposición puede generar impactos severos.

En materia de agua, se exigirá la instalación de medidores de caudal, estimaciones de consumo por temporada y tecnologías de bajo uso, compatibles con la disponibilidad hídrica en alta montaña.

En energía, se priorizarán fuentes renovables como paneles solares y sistemas de almacenamiento, quedando los generadores a combustible como respaldo y bajo estrictos protocolos de prevención de vuelcos y control de emisiones.

Además, los concesionarios deberán medir su consumo energético, calcular su huella de carbono y proponer acciones de compensación. La protección de glaciares, vegas, humedales y cursos de agua será prioritaria, junto con protocolos específicos para evitar impactos sobre flora endémica, fauna silvestre y sitios arqueológicos o patrimoniales.

Junto con el plan de gestión, cada oferente deberá presentar un Plan de Compensación Ambiental orientado a contrarrestar impactos residuales de la actividad. Este podrá incluir acciones de restauración ecológica en otras áreas del parque, aportes a programas de monitoreo, conservación o investigación, y fortalecimiento institucional de la Dirección de Áreas Protegidas.

Servicios esenciales para ascensos y trekking, bajo reglas ambientales

Los servicios a concesionar deben ser diseñados como apoyo a actividades de montaña, no como turismo masivo. Incluyen comedor y cocina con menús adecuados a la exigencia física en altura, alojamiento en estructuras resistentes, sanitarios con sistemas autorizados y sin vertidos, comunicaciones satelitales y gestión integral de residuos propios y de clientes.

En el plano logístico, se contemplan transporte de cargas con mulas u otros medios autorizados, servicios de porteadores, custodia de equipos y provisión de guías habilitados. También podrán proponerse servicios complementarios, siempre sujetos a autorización y bajo criterios de sustentabilidad, como sistemas de higiene con uso eficiente del agua. Todo esto deberá operar bajo protocolos ambientales y de seguridad compatibles con un área protegida de alta fragilidad ecológica.

Control, auditorías y sanciones

La autoridad de aplicación tendrá facultades de auditoría y fiscalización permanentes sobre el cumplimiento de los planes ambientales, las obligaciones operativas y las condiciones de seguridad. El régimen incluye sanciones graduadas que pueden ir desde apercibimientos hasta multas significativas, e incluso la rescisión de la concesión ante incumplimientos graves o reiterados.

Las garantías contractuales, instrumentadas mediante seguros de caución, cubrirán obligaciones técnicas, económicas y ambientales, permitiendo al Estado actuar de manera rápida ante incumplimientos y asegurar la remediación cuando corresponda.

Un modelo para proteger nuestra cumbre

Con este llamado a licitación, la Provincia busca consolidar un modelo en el que la actividad de apoyo a ascensos y trekking conviva con la conservación bajo reglas claras, competencia transparente y exigencias ambientales de alto nivel, incorporando criterios de trazabilidad, orden, limpieza, respeto ambiental y control efectivo en cada etapa de la operación.

El objetivo final es disponer de forma jerarquizada la prestación de servicios en el Aconcagua, mejorar la calidad de los servicios y seguridad de la actividad en montaña y proteger de manera efectiva un patrimonio natural único, con especial cuidado de glaciares, recursos hídricos, flora y fauna, garantizando su preservación para las próximas generaciones.