El Gobierno de Mendoza decidió dar por cerrada la negociación salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y anunció que avanzará con un aumento por decreto para los empleados representados por el gremio que encabeza Roberto Macho. La medida se tomó luego de que el sindicato rechazara la propuesta oficial y endureciera sus planes de lucha, lo que fue interpretado por la gestión de Alfredo Cornejo como un desplazamiento del conflicto hacia el terreno político.

Una oferta sin cambios y límites en el equilibrio fiscal

La propuesta que se aplicará por decreto contempla un incremento total del 7 por ciento para el primer semestre de 2026, desglosado en un 5 por ciento para marzo y un 2 por ciento en mayo. Desde el Ministerio de Hacienda aclararon que estos porcentajes no son acumulativos y se calculan sobre los haberes correspondientes a diciembre de 2025. Según fuentes oficiales, esta decisión busca garantizar la liquidación de los haberes con aumento y evitar que la negativa sindical perjudique directamente el bolsillo de los trabajadores.

Desde la cartera económica provincial argumentaron que no existe margen financiero para mejorar la oferta sin poner en riesgo el equilibrio fiscal de Mendoza. El esquema salarial actual fue diseñado estrictamente bajo las proyecciones de ingresos y el compromiso de sostener las cuentas públicas sin desvíos. En este contexto de restricciones presupuestarias, el Gobierno considera que la oferta presentada es la máxima posible para asegurar la sostenibilidad del Estado.

Un dato que generó malestar en el sector estatal es la diferencia respecto a lo ofrecido a otros gremios. La suba del 7 por ciento otorgada a ATE es sensiblemente inferior al 10 por ciento que el Ejecutivo propuso al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la semana pasada. Esta brecha en las propuestas fue uno de los puntos centrales del rechazo de la organización conducida por Macho, que calificó la suma de insuficiente ante la escalada de precios.

Esta oferta inicial, que ahora se convertirá en decreto, es la misma que el gremio había descartado en la primera mesa de diálogo. Para el Ejecutivo, la persistencia de las medidas de fuerza y la falta de flexibilidad en la mesa paritaria agotaron la instancia de negociación. Al cerrar el capítulo administrativo, el Gobierno busca desactivar la incertidumbre y fijar un piso salarial para los regímenes que dependen de esta representación gremial.

Con la firma del decreto, Mendoza ingresa en una etapa de máxima tensión con uno de los gremios más importantes del sector público. Mientras el Gobierno apuesta a la estabilidad de las cuentas, ATE analiza los pasos a seguir ante lo que consideran una imposición unilateral. La mirada ahora está puesta en cómo responderá el sindicato en las calles y si la medida logrará frenar los paros y asambleas que afectan el normal funcionamiento de diversas dependencias estatales.