Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Mendoza con el objetivo de endurecer las sanciones por alcoholemia positiva para quienes ejerzan funciones públicas. La iniciativa, impulsada por la diputada Stella Maris Huczak junto a legisladoras del bloque PRO, surge tras una serie de casos resonantes en la provincia que involucraron a concejales y funcionarios de diversos organismos. El texto propone establecer una escala de multas e inhabilitaciones mucho más severa y proporcional, reafirmando que conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo inaceptable para la vida propia y ajena.

Escalas de multas y responsabilidad institucional ante la ley

La propuesta introduce cambios significativos en el régimen sancionatorio actual. Para casos de alcoholemia de hasta 0,99 gramos por litro de sangre, mientras un ciudadano común recibe multas de hasta 6.000 Unidades Fijas (UF), un funcionario público enfrentaría entre 4.000 y 8.000 UF, con suspensiones para conducir de hasta 200 días. En las situaciones más graves, donde el dosaje sea igual o superior a 1 gramo, las multas para los agentes del Estado podrían alcanzar las 12.000 UF (aproximadamente 6 millones de pesos), incluyendo arrestos de hasta 120 días e inhabilitaciones de hasta dos años.

Según los fundamentos del proyecto, esta diferenciación no responde a un criterio meramente punitivista, sino al reconocimiento de un mayor deber de responsabilidad. Quien representa al Estado frente a la ciudadanía debe observar una conducta acorde a su investidura y dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas de convivencia. Por este motivo, el texto exige que el Juez interviniente comunique de manera inmediata la infracción y la sentencia al organismo del cual dependa el funcionario, permitiendo así que se evalúen las responsabilidades administrativas o políticas que pudieran corresponder.

La iniciativa busca frenar la persistencia de estos episodios en la realidad mendocina, donde los nombres de figuras públicas han aparecido repetidamente en los partes policiales de tránsito. Casos previos en Irrigación, entes de movilidad y diversos concejos deliberantes han generado un fuerte malestar social, lo que motiva este intento por reforzar el efecto disuasivo de la norma. El proyecto apunta a que la transparencia sea un pilar fundamental, evitando que la pertenencia a una estructura gubernamental funcione como un atenuante o un escudo ante la ley.

De aprobarse, Mendoza contaría con uno de los regímenes de control vial más estrictos del país para su clase dirigente. La actualización de los montos y la claridad en las inhabilitaciones pretenden cerrar cualquier margen de interpretación laxa por parte de la justicia de faltas. Con esta medida, la política mendocina busca enviar un mensaje contundente sobre la ética pública, asegurando que la seguridad vial sea una prioridad absoluta que no admita privilegios ni excepciones para quienes ocupan cargos de decisión en la provincia.