La medida alcanza a personal en actividad, retirados y pensionados, replicando los acuerdos obtenidos por otros sectores estatales.
El Gobierno de Mendoza oficializó un incremento salarial para el personal policial y penitenciario de la provincia, mediante el Decreto 628 firmado el 30 de marzo. Esta medida establece un esquema de subas en distintos tramos que impactará de manera directa en los haberes de los agentes. Al no estar alcanzados por convenios colectivos ni negociaciones paritarias, el Ejecutivo fija estos aumentos de forma unilateral para mantener la equidad salarial respecto al resto de la administración pública provincial.
El aumento se aplicará en tres etapas consecutivas durante el primer semestre de 2026. El primer tramo consiste en un 7 por ciento retroactivo a marzo, seguido por la integración total de un ítem salarial clave en abril (denominado Item 2026), que completa el 100 por ciento de un adicional remunerativo histórico. Finalmente, en mayo se sumará un 3 por ciento adicional, calculado sobre la base de la asignación de la clase del Jefe de las Policías vigente al cierre del año pasado.
Un aspecto fundamental de la normativa es que los beneficios se trasladarán automáticamente al personal retirado y pensionado, respetando el régimen de movilidad vigente en la provincia. Además, el decreto contempla la actualización de los servicios extraordinarios y diversos adicionales específicos de la fuerza. De esta manera, el Gobierno busca evitar desfasajes en el poder adquisitivo de los uniformados frente a la inflación y la caída de la recaudación que afecta las arcas públicas.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumentó la necesidad de aplicar criterios similares a los acordados con los gremios estatales que sí tienen paritarias. Aunque las fuerzas de seguridad poseen un régimen especial por la naturaleza de su tarea, la gestión provincial intenta consolidar un criterio uniforme para todo el sector público. Esta decisión se da en un contexto de fuertes restricciones fiscales, donde la Casa de Gobierno ha buscado cerrar filas con la mayoría de los escalafones estatales.
Finalmente, el texto oficial aclara que la medida se dicta ad referendum de la Legislatura de Mendoza, por lo que deberá ser ratificada por senadores y diputados en las próximas semanas. Con esta actualización, el Gobierno intenta dar previsibilidad a una de las áreas más sensibles del Estado, garantizando que los adicionales y suplementos se ajusten en función de las nuevas escalas. El impacto final sobre el salario total busca sostener la operatividad de las fuerzas en toda la provincia durante el actual escenario económico.