Un masivo robo de datos perpetrado por un grupo de hackers puso en alerta a las autoridades de Mendoza. El ciberataque afectó a un total de 29 organismos nacionales, entre los cuales se encuentran la Dirección General de Escuelas (DGE) y la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) de nuestra provincia. Los delincuentes lograron alzarse con una importante cantidad de información confidencial, incluyendo claves personales y documentos que podrían ser utilizados para cometer delitos futuros, lo que generó una inmediata preocupación en el ámbito estatal.

Investigación judicial y el alcance del ataque en Mendoza

La fiscalía de delitos no especializados, liderada por Juan Manuel Sánchez, ya inició una investigación penal para determinar el daño ocasionado en los servidores locales. Concretamente, el engaño afectó al sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) de la DGE, plataforma donde los docentes cargan calificaciones y legajos, y a los sistemas centrales de la Osep. La justicia trabaja actualmente con la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Informáticos (UDAPIF) para intentar rastrear las direcciones IP desde las cuales se realizó el ingreso no autorizado a las redes mendocinas.

A nivel nacional, la dimensión del ataque es impactante: se estima que se filtraron más de 56 millones de datos. Además de los organismos mendocinos, la lista de afectados incluye a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Banco Central, Gendarmería Nacional y varias policías provinciales. Debido a la magnitud del evento, no se descarta que con el correr de los días las causas se unifiquen en una pesquisa federal, mientras se reciben reportes de fiscalías de otros puntos del país que también sufrieron la vulneración de sus sistemas.

Desde los organismos locales afectados, la respuesta ha sido el hermetismo. Al ser consultados sobre la vulnerabilidad de sus plataformas, tanto la DGE como la Osep evitaron dar declaraciones detalladas a la prensa, limitándose a emitir breves comunicados donde confirman la existencia de la estafa y el inicio de las actuaciones correspondientes. Esta postura generó incertidumbre entre los usuarios y agentes estatales, quienes temen por la seguridad de sus datos personales y profesionales alojados en los servidores gubernamentales.

Por el momento, identificar a los autores del hackeo representa un verdadero desafío técnico para los investigadores locales. La recolección de evidencia digital es clave para entender cómo lograron saltar los protocolos de seguridad de áreas tan sensibles del Estado. Mientras tanto, se recomienda a los docentes y afiliados mantenerse alertas ante posibles intentos de estafas virtuales derivadas de esta filtración, ya que la información robada es una herramienta valiosa para el mercado negro de la ciberdelincuencia.