Mendoza, de de
Mendoza, de de
Dos ciudadanos bolivianos radicados en el país trasandino fueron imputados tras intentar ingresar a la Argentina con un grupo de 13 personas que habían pagado por el viaje.
Un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) logró desarticular una maniobra de tráfico de migrantes en la zona del paso internacional Cristo Redentor. La investigación permitió la detención de dos ciudadanos bolivianos, identificados como L.H.J.M. y V.H.A.Z., quienes están acusados de cobrar dinero a compatriotas para trasladarlos ilegalmente entre ambos países. Los sospechosos, radicados en la localidad chilena de San Felipe, captaban a personas en situación irregular y les ofrecían un circuito de salida y reingreso con el fin de facilitar trámites laborales fraudulentos.
El hecho se desencadenó el pasado sábado cuando los acusados reunieron a 13 personas en un furgón, cobrándoles a cada una la suma de 70.000 pesos chilenos (aproximadamente 108.000 pesos argentinos). Al llegar al complejo argentino de Horcones, las autoridades de control detectaron fallas en la documentación del vehículo y les denegaron el ingreso, obligando al contingente a pegar la vuelta hacia el lado chileno. Fue en ese momento cuando los detectives de la PDI advirtieron inconsistencias en los papeles de los pasajeros e iniciaron las entrevistas de rigor.
Durante el interrogatorio en la aduana, los migrantes revelaron que habían pagado por el traslado y denunciaron que los organizadores les tenían retenidos sus documentos personales. Ante estas pruebas, el Ministerio Público Fiscal de Chile ordenó la detención inmediata de los dos responsables bajo el cargo de tráfico de migrantes. La modalidad consistía en aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas para obtener un rédito económico mediante una logística de transporte que evadía los controles migratorios legales en la alta montaña.
Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Los Andes dispuso medidas cautelares para los imputados, quienes quedaron bajo arraigo nacional y con la obligación de presentarse a firmar mensualmente ante la justicia. El tribunal fijó un plazo de seis meses para que avance la investigación correspondiente, mientras se analiza si existen más personas involucradas en esta red que opera en el corredor internacional. Las víctimas, en tanto, recibieron asistencia para regularizar su situación frente a las autoridades migratorias trasandinas.
Este caso vuelve a poner el foco en la seguridad del sistema integrado Cristo Redentor y los intentos de organizaciones delictivas por vulnerar los pasos fronterizos. Las autoridades de ambos lados de la cordillera mantienen una comunicación fluida para detectar este tipo de furgones que operan fuera de regla. Por ahora, el paso continúa operando con normalidad, aunque se han reforzado las inspecciones sobre vehículos de transporte de pasajeros que presentan documentación sospechosa o inconsistencias en los listados de ocupantes.
