Mendoza dio un paso clave en la regulación del cannabis medicinal con la puesta en marcha del Registro Provincial de Médicos Prescriptores. A través de una resolución ministerial, el Gobierno dispuso que ningún profesional de la salud podrá indicar cannabis o sus derivados sin estar previamente inscripto y autorizado por el Ministerio de Salud y Deportes. La medida tiene como objetivo central asegurar que los pacientes accedan a terapias basadas en evidencia científica y bajo una fiscalización sanitaria rigurosa.

Especialidades habilitadas, historia clínica digital y sanciones

Para integrar este registro, los profesionales deben cumplir con condiciones estrictas: ser especialistas en Psiquiatría, Neurología o expertos en Dolor y Cuidados Paliativos. Además, es obligatorio contar con una matrícula vigente en la provincia y demostrar una formación académica acreditada en farmacología de cannabinoides y salud mental. Una vez obtenida la autorización, los médicos tendrán una licencia por tres años, tras los cuales deberán renovar su inscripción demostrando que mantienen los estándares de capacitación exigidos por la normativa.

La resolución también introduce la obligatoriedad de la Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema digital donde los profesionales deberán cargar el diagnóstico, la dosis y el seguimiento de cada tratamiento. En cuanto a las recetas tradicionales, se estableció un periodo de transición de seis meses; durante este tiempo, quienes utilicen papel deberán notificar cada prescripción al registro para su correspondiente fiscalización. Este proceso busca modernizar el sistema y evitar irregularidades en la cadena de distribución y consumo.

Respecto a las prohibiciones, la normativa es tajante: el cannabis solo puede ser recetado para fines terapéuticos o paliativos concretos. Queda estrictamente prohibido su uso para fines preventivos inespecíficos o recreativos bajo receta médica. Aquellos profesionales que incumplan estas pautas o realicen prescripciones fuera del marco legal enfrentarán la cancelación inmediata de su inscripción en el registro, además de la apertura de sumarios éticos y sanciones profesionales graves.

Con esta nueva estructura, Mendoza busca profesionalizar el acceso al cannabis medicinal, integrándolo formalmente al sistema de salud pública y privada. La medida otorga seguridad jurídica a los médicos y garantías de calidad a los pacientes, eliminando la informalidad que rodeaba a estas prácticas. De esta manera, la provincia se posiciona a la vanguardia en el control de sustancias controladas, priorizando siempre la salud y la seguridad de los ciudadanos mendocinos.