Mendoza, de de
Mendoza, de de
En un hecho insólito, una madre fue imputada por instigar a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego a la escuela.
La Justicia de Mendoza se encuentra en plena actividad tras la escalada de amenazas de tiroteo que ya acumula más de 50 denuncias formales en distintas escuelas de la provincia. Hasta el mediodía de este viernes, las investigaciones permitieron identificar a seis menores como presuntos autores de estos mensajes intimidatorios. El fiscal penal juvenil Gustavo Farmache ya tomó declaraciones informativas a tres adolescentes menores de 16 años, quienes, aunque son inimputables por su edad, quedaron sujetos a la investigación por el delito de intimidación pública.
La situación tomó un cariz más grave durante la mañana de hoy, cuando se detectaron jóvenes portando réplicas de armas de fuego dentro de los establecimientos. Un menor de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados tras ingresar con uno de estos elementos. En este mismo contexto, la Justicia decidió acusar formalmente a la madre del adolescente como instigadora del delito, ya que el joven aseguró que fue ella quien lo autorizó y le recomendó llevar la réplica al colegio.
En otros procedimientos realizados por la fiscalía penal juvenil, se imputó a un menor de 16 años que había publicado en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje amenazante. Asimismo, un chico de 15 años fue sometido a una declaración informativa tras ser descubierto con un objeto similar en su escuela. Estas acciones judiciales buscan poner un freno a la psicosis colectiva generada por los mensajes que circulan en los baños y plataformas digitales de diversas instituciones educativas del Gran Mendoza y el interior.
Desde el Poder Judicial y la Dirección General de Escuelas (DGE) emitieron informes detallando la celeridad con la que se está trabajando para individualizar a los responsables. Las autoridades recalcaron que, más allá de que se trate de "retos virales" o bromas, las consecuencias legales son reales y afectan directamente a los progenitores. El delito de intimidación pública contempla sanciones severas, y en el caso de los adultos, la responsabilidad penal por instigación complica seriamente su situación procesal ante la Justicia mendocina.
La ola de denuncias ha obligado a reforzar la seguridad en las zonas escolares y a aplicar de manera estricta los protocolos de revisión de pertenencias. Mientras la División Investigaciones continúa analizando los dispositivos electrónicos secuestrados, el foco está puesto en desarticular la cadena de mensajes que sigue generando ausentismo y temor entre los padres. La imputación de una adulta marca un precedente importante en el abordaje de estos casos, enviando un mensaje claro sobre la corresponsabilidad familiar en medio de esta inédita crisis de convivencia escolar.
