La justicia de Mendoza tomó una decisión sin precedentes al ordenar la detención y el traslado a la cárcel de la madre del alumno que, el viernes pasado, ingresó a su escuela con una réplica de arma de fuego. El Ministerio Público Fiscal confirmó que la mujer fue vinculada directamente con las amenazas de tiroteo que han mantenido en vilo a diversos establecimientos educativos en los últimos días. Bajo la carátula de intimidación pública agravada por la participación de un menor, la sospechosa enfrenta una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión efectiva.

Un fallo ejemplar ante la ola de intimidaciones escolares

El fiscal Juan Manuel Sánchez fundamentó el pedido de traslado a la penitenciaría provincial basándose en la gravedad del contexto social actual. Para la fiscalía, era de público conocimiento el clima de alerta y temor que venían generando estas advertencias de violencia en las comunidades educativas. Se valoró especialmente la conducta de la mujer al instigar a su propio hijo a participar de estos actos, lo que eleva la peligrosidad procesal y la expectativa de una condena que no sea de ejecución condicional.

Este endurecimiento en la respuesta judicial ocurre en una jornada marcada por nuevas amenazas en distintos puntos de la provincia. La Dirección General de Escuelas (DGE) debió activar nuevamente el protocolo de emergencia en varios colegios, reforzando la seguridad y el control de los alumnos. Las autoridades buscan, a través de esta detención, enviar un mensaje claro a las familias sobre la responsabilidad legal que conlleva avalar o incentivar conductas delictivas en el ámbito escolar bajo la excusa de supuestas bromas.

La investigación determinó que la participación del adolescente no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de una cadena de mensajes que buscaban paralizar el dictado de clases. Al momento de la detención, los peritajes tecnológicos habrían aportado pruebas suficientes para comprometer a la progenitora en la autoría intelectual de los mensajes intimidatorios. De esta manera, Mendoza se convierte en una de las primeras jurisdicciones en castigar con prisión a los adultos responsables por las crisis de seguridad en las escuelas.

Mientras la mujer permanece alojada en el penal, el menor de edad quedó a disposición de los organismos de protección de derechos bajo un régimen de contención especial. El Gobierno provincial ratificó que no habrá tolerancia para quienes utilicen el pánico social como herramienta de desorden, y se espera que en las próximas horas se produzcan nuevas imputaciones vinculadas a otros hechos similares. La comunidad educativa, en tanto, sigue demandando medidas de fondo para recuperar la normalidad en las aulas.