Mendoza atraviesa un escenario de contrastes en materia ambiental. Mientras el Gobierno provincial avanza con la reglamentación de la Ley GIRSU para prohibir los basurales a cielo abierto, la crisis económica ha multiplicado la cantidad de personas que buscan sustento entre los residuos. Solo en la planta de El Borbollón, unas 900 personas trabajan diariamente en la recuperación de materiales para subsistir, una cifra que crece mes a mes debido al contexto social y la falta de alternativas laborales formales.

El impacto de las importaciones y la precarización

La situación de las cooperativas de recuperadores urbanos es crítica debido a factores macroeconómicos. Representantes de agrupaciones como El Algarrobo, Aguaribay y Grilli coinciden en que la apertura de las importaciones provocó una caída drástica en el precio de materiales como el cartón, que llegó a pagarse apenas 90 pesos el kilo. Esta situación ha licuado los ingresos de los trabajadores, quienes en muchos casos perciben apenas 100.000 pesos mensuales por su labor, forzando a muchos a abandonar la organización colectiva para retornar a la recolección informal en las calles.

A pesar de la precariedad, la organización en cooperativas ha permitido a muchos trabajadores adquirir una identidad profesional y acceder a mejores condiciones, como uniformes, agua potable y la posibilidad de terminar sus estudios. En departamentos como Guaymallén, el cierre del basural de Puente de Hierro en julio de 2025 permitió que más de 160 recuperadores pasaran a trabajar en centros verdes tecnificados. Allí, el municipio otorga un complemento salarial de 300.000 pesos que ayuda a mitigar la baja en los precios del mercado de reciclaje.

En paralelo, la gestión de residuos enfrenta el desafío de los vertederos clandestinos. Actualmente se estima que existen 56 basurales ilegales solo en el Gran Mendoza, muchos de ellos alimentados por recolectores y empresas que evitan el canon de la planta oficial. La nueva normativa provincial establece multas severas, que pueden alcanzar los 500 millones de pesos, buscando erradicar estas zonas de contaminación que conviven con asentamientos precarios y quemas de basura permanentes.

La planta de El Borbollón sigue siendo el eje central del sistema, recibiendo hasta 2.000 toneladas diarias de residuos de siete departamentos. Sin embargo, el director del predio, Mariano Bront, advirtió que el miedo a las malas experiencias pasadas impide que los cientos de trabajadores informales que operan en el vertedero se agrupen en cooperativas. Ante este panorama, el desafío de Mendoza no es solo ambiental, sino profundamente social: integrar a miles de familias que hoy dependen del descarte ajeno para poder comer.