El Gobierno nacional sacudió los cimientos de la industria vitivinícola al oficializar el cierre definitivo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). Mediante la Resolución 55/2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso el fin de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

Según los fundamentos oficiales, el Ejecutivo consideró que el plan había cumplido su horizonte temporal y que la pretendida extensión hacia 2030 carecía de la aprobación estatal necesaria para mantener la recaudación forzosa sobre los establecimientos.

El fin del aporte obligatorio y el nuevo rol institucional

La medida implica que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deberá cesar de inmediato la recaudación de los aportes establecidos por la Ley 25.849, un reclamo histórico de entidades como Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Para el Gobierno, esta contribución se había transformado en un "peaje" que afectaba la competitividad del sector. A partir de ahora, la COVIAR continuará existiendo como persona jurídica, pero pierde su instrumento central de financiamiento, quedando obligada a presentar una rendición de cuentas final en un plazo de tres meses.

Este cambio de paradigma busca forzar consensos internos en una industria que se encontraba dividida por el manejo de fondos. Mientras que desde la corporación atribuyen el incumplimiento de metas a la macroeconomía, el Gobierno sostiene que el ciclo del PEVI está legalmente agotado. La resolución marca un punto de inflexión para las bodegas mendocinas, que dejarán de tributar de manera obligatoria para este fin, permitiendo una redistribución de recursos hacia la promoción internacional o inversión tecnológica propia, en un mercado que exige cada vez mayor agilidad y menos carga impositiva.