El gobernador Alfredo Cornejo envió este jueves a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). La iniciativa busca otorgar facultades extraordinarias al organismo por el plazo de un año para modificar funciones y redefinir su estructura operativa. El objetivo central es alcanzar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera de una entidad que hoy se encuentra en crisis por diversos factores externos.

Los ejes de la reorganización y el impacto del incendio en el Este

La decisión del Ejecutivo se aceleró tras el incendio ocurrido el 11 de marzo en el complejo Tótem Boulevard, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza. Según datos oficiales, esa sala representaba el 32 por ciento de la recaudación bruta del Instituto. El cierre definitivo del establecimiento implica una pérdida estimada de 2.450 millones de pesos para las arcas provinciales, a lo que se suman 650 millones de pesos necesarios para mantener los salarios del personal afectado.

El plan de contingencia contempla diversas alternativas para los 448 empleados de planta permanente. El proyecto prioriza mecanismos voluntarios, como retiros con indemnizaciones de hasta el 120 por ciento de lo que establece la ley actual, bajo la condición de no reingresar a la administración pública por un periodo determinado. También se prevén reubicaciones en otras áreas del Estado, garantizando mediante adicionales que los trabajadores no sufran una pérdida en sus ingresos brutos.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que además del siniestro en San Martín, el organismo enfrenta un cambio de paradigma en el sector. Las salas físicas han perdido terreno frente al vertiginoso crecimiento de las apuestas online, lo que obliga a redimensionar la estructura estatal. El proyecto habilita incluso la supresión de áreas y la extinción de vínculos laborales en aquellos casos donde no sea posible concretar una reubicación o un acuerdo voluntario.

Desde el oficialismo argumentan que este ajuste es indispensable para sanear el Instituto y proteger los fondos que se transfieren a fines sociales. Cabe recordar que la recaudación del juego financia programas de salud, bibliotecas populares y el presupuesto general de la provincia. Con el despacho de esta ley, el Gobierno busca dar una respuesta técnica a la magnitud del siniestro en el Este y adaptar el organismo a las nuevas demandas del mercado del juego.