Mientras las calles de Mendoza y el país se colmaban de manifestantes, el Gobierno nacional anunció un cambio de estrategia al convocar a una ronda de consultas con las autoridades universitarias. 

La medida, impulsada a través del Ministerio de Capital Humano, busca desactivar la creciente tensión que mantiene en vilo al sistema de educación superior por la falta de fondos operativos y el marcado retraso salarial. El objetivo oficial es analizar los números del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar que las facultades puedan concluir el ciclo lectivo actual sin riesgo de cierre.

Auditorías y paritarias: los puntos de mayor fricción

A pesar de la apertura al diálogo, desde el entorno del secretario de Educación, Carlos Torrendell, enfatizaron que cualquier actualización presupuestaria estará sujeta a la realización de auditorías externas. Para el Ejecutivo, la transparencia en el uso de los fondos públicos es una condición innegociable antes de liberar nuevas partidas que compensen la inflación acumulada. Por su parte, los rectores advierten que los incrementos otorgados hasta ahora, cercanos al 70%, resultan insuficientes para cubrir los aumentos exponenciales en servicios básicos como luz y gas, que comprometen el mantenimiento edilicio de las universidades nacionales.

El otro gran desafío de esta mesa de negociación será la recomposición salarial. Con una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 40% desde diciembre, los gremios docentes y no docentes han intensificado las medidas de fuerza. Mientras el Gobierno insiste en que los aumentos deben alinearse con el equilibrio fiscal, la comunidad académica sostiene que sin salarios dignos la continuidad de las clases es inviable. La masividad de las protestas ha otorgado a los rectores una nueva posición de fuerza, obligando a una negociación donde las transferencias efectivas a las cuentas bancarias serán la única garantía para normalizar el calendario académico.