Mendoza, de de
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El Instituto Provincial de la Vivienda oficializó las notificaciones en el Boletín Oficial. Los deudores crónicos tienen un plazo de 10 días para regularizar su situación o enfrentar la desadjudicación.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) profundizó su política de control sobre los adjudicatarios que incumplen con sus obligaciones y notificó formalmente a 50 beneficiarios que podrían perder sus casas por falta de pago.
Las drásticas intimaciones fueron oficializadas a través del Boletín Oficial de Mendoza, donde se emplazó a los deudores a regularizar su situación habitacional en un plazo perentorio de 10 días hábiles. La medida administrativa busca recuperar inmuebles que registran deudas históricas o que sufren desvíos en su función social regulada.
Desde el organismo estatal confirmaron que se trata de casos de larga data detectados en departamentos clave como Luján de Cuyo, Guaymallén, Las Heras, Maipú y San Rafael.
Entre los expedientes más graves figura un adjudicatario que acumula 85 cuotas impagas, equivalente a más de siete años sin abonar su vivienda social, acumulando un saldo que supera los 33 millones de pesos.
Los alcanzados por el decreto deberán presentar descargos, aportar pruebas y cancelar la totalidad de la deuda si pretenden frenar el inminente proceso de desadjudicación definitiva.
La ofensiva cuenta con el respaldo político del gobernador Alfredo Cornejo, quien advirtió que se avanzará con firmeza sobre aquellas propiedades que nunca fueron ocupadas por sus titulares o que terminaron destinadas al alquiler informal.
En paralelo, la Legislatura provincial acelera el tratamiento de un proyecto de ley para simplificar los desalojos y agilizar la recuperación de los inmuebles. Los números oficiales reflejan un cambio de época: mientras que en todo 2024 hubo 20 viviendas desadjudicadas, en lo que va de 2026 ya se registran 28 casos ejecutados de forma directa.
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